El caso de la niña de 11 años de Yapacaní que fue violada y embarazada por su abuelastro (papá del padrastro) y que, según lineamientos de la Defensoría de la Niñez y una junta médica debe interrumpir su embarazo, sigue en el debate de la población. Este domingo en la mañana, fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien se manifestó al respecto en una conferencia de prensa al resaltar que se debe apoyar a la menor.
En lo particular, no como ministro de Gobierno, sino como ciudadano cruceño y boliviano, creo que se le debe realizar la valoración psicológica a esta menor, y si ella decide interrumpir el embarazo se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga, expresó Del Castillo.
Esta mujer, esta niña ha sido víctima de una violencia, de una violación, por tanto las autoridades y cada una de las personas, dentro de este país, deben generarle todo el apoyo necesario para irrumpir con este embarazo, enfatizó la autoridad.
Del Castillo pidió que se haga el ejercicio de imaginar a una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. Entretanto, la Iglesia Católica no solo ha expresado su rechazo ante esta situación de violencia, sino que también ha ofrecido su ayuda para evitar que se frene el embarazo de la menor. dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad. Sin embargo, la sentencia constitucional referida (206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional) establece que los requisitos para acceder a la interrupción legal del embarazo son: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta) para acceder al procedimiento, entre otros aspectos.