La justicia ordenó que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se presenten a declarar en calidad de testigos dentro del proceso que está abierto desde 2021 por el denominado caso Golpe I, que está en etapa de juicio oral. El Gobierno nacional respondió a esta determinación.
La conminatoria a declarar surge a raíz del descargo solicitado por la defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro de la fase de presentación de testigos. La primera autoridad departamental permanece recluida en la cárcel de Chonchocoro, acusada por el delito de terrorismo, conspiración y otros relacionados con la crisis política de 2019 y la renuncia de Evo Morales. Sucedió tras las denuncias de fraude por la “manipulación dolosa” que detectó la Organización de Estados Americanos (OEA) en los resultados de los comicios de ese año.
Los comparendos fueron emitidos el lunes 24 de marzo por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Penal Contra la Violencia hacia las Mujeres 6° de La Paz, a cargo del juez Marco Antonio Vargas, para que sean diligenciados a fin de que todas las partes sean notificadas. Además de los tres mencionados, otras dos figuras también deberán presentarse a declarar en La Paz el lunes 31 de marzo a las 14:00 horas de forma presencial como es el exministro de Gobierno Carlos Romero y el actual gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián, quien fungía en ese año como segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.
“En caso de incomparecencia y de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión” indica el documento judicializado.
Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, afirmó que es importante la declaración de los convocados, ya que es un tema pendiente que arrastraba el Ministerio Público de La Paz y que no logró viabilizar con diligencia durante la etapa preparatoria de este proceso que fue impulsado por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Eso sí, dijo que la declaración del jefe de Estado es necesaria porque en 2019, cuando presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de Economía y Finanzas, señaló que “hubo un mal manejo de parte del Órgano Electoral” en las elecciones generales.
“Ese es su justificativo, no habla (en su carta) en ningún momento de golpe de Estado, ni de terrorismo, sino que hubo un mal manejo del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó el jurista en contacto con EL DEBER.
El ministro de Justicia, César Siles, dijo a esta casa periodística que son respetuosos del debido proceso y de cualquier convocatoria que se realice, ya sea en calidad de testigo, sindicado o denunciante a “diferencia de otros actores que no comparecen ante la justicia y que generan dudas sobre su culpabilidad”, en referencia al líder cocalero.
La autoridad enfatizó que, de acuerdo al procedimiento penal, existe un privilegio para que Arce o el vicepresidente David Choquehuanca, por sus altas investiduras, puedan presentar su declaración por escrito. “Ni el presidente Arce ni el vicepresidente han sido convocados aún, pero en caso que sea así, vamos a pedir a la autoridad judicial que se aplique el procedimiento penal”, explicó Siles.
Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, manifestó que la declaración de Morales, García Linera y Romero estaban pendientes, pese a que existían citaciones formales que no se cumplieron hasta la fecha.
“Es necesario que aquellos (que) fueron supuestamente víctimas del golpe de Estado den su versión ante este tribunal. También conocemos las decisiones de este tribunal que tuvo un actuar incorrecto en este proceso porque cohibió y restringió las preguntas a las defensas y no emitió mandamiento de compulsa”, cuestionó el penalista.
La exmandataria Áñez fue apartada del caso Golpe I por una prohibición constitucional porque no puede ser juzgada dos veces, ya que fue sentenciada en el caso Golpe II, que se desprende del primer proceso.
Guillén indicó que la defensa de Camacho y Pumari deben agotar todos los recursos que franquea la ley, aunque reconoce que es una difícil tarea, para lograr que Morales, García Linera, Romero y Arce acudan a declarar.
En tanto que Zvonko Matkovic, asambleísta departamental de Creemos, recordó que de las 34 pruebas que presentó la Fiscalía en contra de Camacho, 29 fueron desvirtuadas por la justicia, por lo que considera que el proceso judicial “se cae a pedazos y no tiene fundamento”.
"Los testigos que ya declararon, o sea los policías, dijeron que estaban ahí (en La Paz) cuidando a Luis Fernando Camacho por orden del ministro Carlos Romero. Es un juicio que se viene cayendo a pedazos, que no tiene sostén, sostuvo Matkovic.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, los casos golpe I y II son “montajes jurídicos” y “puestas en escena del MAS” y sus principales líderes como Evo y Luis Arce que “usando a la justicia pretendieron lavarse la cara por el fraude electoral cometido en 2019”.
En realidad no debieran ser convocados como testigos sino que debieran ser los principales acusados en un verdadero proceso por el fraude cometido. El verdadero terrorismo, la verdadera conspiración en contra de la democracia vino de Evo Morales y el MAS. Por tanto este proceso solo ha servido para pretender descabezar al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, a Marco Pumari y otros que hoy son presos políticos de este régimen autoritario, aseveró el parlamentario.
JUICIO La exdiputada Lidia Patty inició el proceso contra Camacho PARA SABER ORDEN DE APREHENSIÓN La conminatoria determina que si los cinco convocados no acuden al llamado de la justicia para este lunes se librará una orden de aprehensión ALUDEN A EVO MORALES El ministro de Justicia, César Siles, aseguró que el presidente Luis Arce responderá ante la justicia mediante escrito y “no como otros actores que no comparecen y eluden a la justicia”.