El 23 de abril, en el Tribunal Agroambiental, con sede en Sucre, se llevará a cabo una audiencia por la preservación del jaguar en la Chiquitania. La diputada nacional María René Álvarez informó que para dicha audiencia se ha citado a representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Aguas, de Gobierno y de Justicia, por ser este un tema que podrá sentar jurisprudencia ambiental a partir de establecer la preservación de esta especie amenazada.
“El Tribunal Agroambiental deberá garantizar la protección de esta especie y con ello sentar jurisprudencia ambiental para la defensa de otros animales que todavía son presas de gente inescrupulosa que no tiene ningún respeto por la vida”, expresó la diputada.
La legisladora presentó en febrero una demanda para solicitar medidas cautelares preventivas y de reparación integral por el daño ocasionado contra la biodiversidad del jaguar o “panthera onca” y su habitat, provocado por la caza ilegal que se reportó dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.
Álvarez informó que hace seguimiento al caso de biocidio de cinco jaguares que se conoció a principios de año y que involucra al ciudadano argentino Jorge Néstor Noya, quien desarrollaba la caza ilegal hace al menos cinco años en los departamentos amazónicos del país, con la fachada de una empresa de turismo denominada Caza & Safari.
La diputada junto al abogado Juan Carlos Camacho también inició las investigaciones y presentó una denuncia penal contra el extranjero, quien se encuentra en Argentina. De igual forma, tomó contacto con sus pares argentinos para indagar la situación procesal del sujeto y así establecer medidas para que pueda responder ante la justicia boliviana.
El Tribunal Agroambiental admitió la demanda y este 23 de abril definirá las medidas de prevención, que incluye -según la demanda-, la suspensión inmediata de actividades de caza que amenacen al jaguar, el cierre o restricción de acceso a zonas críticas donde se haya detectado caza furtiva, el fortalecimiento de sistemas de monitoreo en áreas protegidas, con apoyo de guardaparques y fuerzas de seguridad, entre otras.