El canciller Fernando Aramayo advirtió que Bolivia enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente en la lucha contra el crimen organizado, tras conocerse los datos del informe sobre la producción de hoja de coca en el país, que revela un crecimiento exponencial de los cultivos y su vínculo directo con el narcotráfico.
Durante un encuentro con periodistas, Aramayo afirmó que el documento proporciona “elementos sustantivos para tener una mirada mucho más completa y compleja” sobre la magnitud del problema, y sostuvo que los datos confirman la existencia de una estructura criminal enquistada durante dos décadas, que —dijo— funcionó bajo un “aislamiento convenenciero y convencional” que permitió el desarrollo de actividades ilícitas.
“El incremento del 141% de cultivos de coca en algunas regiones, las 223 toneladas métricas destinadas a la producción de cocaína y un total de 395 toneladas métricas cultivadas en 2024, frente a un dato referencial de apenas 32 toneladas métricas en 2004, nos hablan de la magnitud del desafío que estamos enfrentando como Estado”, señaló.
El canciller subrayó que estos volúmenes alimentan un mercado internacional, principalmente en la Unión Europea, donde el kilo de cocaína alcanza un valor promedio de $us 90.000, lo que configura —según estimaciones oficiales— una economía ilegal cercana a los $us 2.000 millones anuales.
Aramayo sostuvo que el informe no solo expone cifras, sino que obliga al Estado a traducir estos hallazgos en políticas públicas inmediatas. En ese marco, destacó que el presidente Rodrigo Paz Pereira ha instruido a su gabinete a actuar con rapidez para desmontar lo que calificó como “20 años de un narcoestado”.
“El ministro Oviedo ha sido claro: estos contenidos deben hacerse carne en la estrategia del Estado. En el corto plazo, la lucha contra el crimen organizado es una prioridad absoluta”, afirmó.
El jefe de la diplomacia boliviana remarcó que el país busca salir de los circuitos de gobernanza criminalizada que lo llevaron a figurar en listas internacionales de alto riesgo, como la lista gris del GAFI, y advirtió que el desafío no se limita a medir cultivos, sino a asumir con seriedad las recomendaciones prescriptivas del informe.
Entre ellas, mencionó la conformación de una fuerza de tarea especial de lucha contra la corrupción, como un componente clave para enfrentar las redes del narcotráfico y su conexión con estructuras estatales debilitadas.
Aramayo también destacó el rol de la Unodc y del sistema de Naciones Unidas, tanto en el apoyo técnico como en la implementación de estrategias de desarrollo territorial sostenible, que permitan ofrecer alternativas reales en las zonas productoras de coca.
“Bolivia quiere romper definitivamente con estos circuitos ilegales y recuperar su institucionalidad. Este informe no es solo un diagnóstico: es una hoja de ruta que nos convoca a actuar”, concluyó el canciller.