Los Ministerios Públicos de Bolivia y Chile formalizaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), un mecanismo clave para fortalecer la cooperación penal y enfrentar de manera coordinada los delitos transnacionales, en especial el crimen organizado y el narcotráfico, que afectan a ambos países.
El acuerdo fue suscrito por el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y el fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez, quienes destacaron la importancia de este instrumento para mejorar la eficacia de las investigaciones y la persecución penal más allá de las fronteras.
Mariaca calificó la firma del convenio como un avance decisivo en la cooperación internacional. “La suscripción de este Equipo Conjunto de Investigación representa un paso firme en el fortalecimiento de la cooperación penal internacional. Nos permitirá actuar de manera coordinada, oportuna y eficaz frente a los delitos transnacionales, garantizando justicia y seguridad para la población de ambos países”, afirmó.
El ECI establece mecanismos de colaboración más ágiles y efectivos, que facilitarán el intercambio directo de información, la coordinación de investigaciones y la ejecución de diligencias conjuntas, reduciendo las barreras operativas y jurídicas que suelen limitar las investigaciones transnacionales.
De acuerdo con lo establecido en el convenio, este instrumento permitirá superar obstáculos legales en la obtención de pruebas, acelerar los procesos investigativos y fortalecer la cooperación técnica, siempre en el marco del respeto a las legislaciones nacionales, la soberanía de ambos Estados y el debido proceso.
La creación del Equipo Conjunto de Investigación representa un avance estratégico en la lucha regional contra delitos que cruzan fronteras y que tienen un alto impacto en la seguridad ciudadana. Con esta alianza, Bolivia y Chile buscan mejorar su capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales y avanzar hacia una persecución penal más eficiente y coordinada.
Según informó la Fiscalía General de Bolivia, el acuerdo se enmarca en los esfuerzos internacionales para enfrentar la creciente amenaza del crimen transnacional y fortalecer los sistemas de justicia y seguridad en la región.