El Ministerio Público solicitó este jueves que el expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora sea enviado por tres meses al penal de Qhalauma, en Viacha, como parte de la imputación formal presentada en su contra por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
La Fiscalía argumentó ante un juez anticorrupción que existen riesgos de fuga y obstaculización de la investigación, además de suficientes indicios de participación del exmandatario en decisiones que derivaron en el desvío irregular de recursos públicos. La audiencia cautelar será fijada en las próximas horas.
Arce pasó la noche bajo custodia en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde recibió la visita de su esposa, familiares, personal de la Defensoría del Pueblo y técnicos del IDIF.
La imputación, a la que tuvo acceso EL DEBER, detalla que, como miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), Arce “sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares”, contraviniendo la normativa de creación del fondo. Además, el documento señala que el expresidente se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa.
El Ministerio Público sostiene que el exministro aprobó proyectos con documentación incompleta, avaló transferencias fuera de norma y permitió la ejecución de iniciativas con observaciones técnicas.
Proyecto de Lidia Patty, pieza clave de la acusación
Uno de los puntos centrales del expediente fiscal es la aprobación del proyecto presentado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, que en 2010 recibió Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra.
Según la Fiscalía, el proyecto fue aprobado con observaciones, listados dudosos de beneficiarios y documentación incompleta, y el desembolso se realizó directamente a la cuenta personal de Patty, hoy detenida en el penal de Obrajes.
El documento también señala que, durante una sesión del directorio realizada en Tarija en noviembre de 2009, Arce manifestó que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, lo que —según la imputación— habría abierto la puerta a la desviación de recursos.
La Fiscalía anunció que solicitará la declaración de una lista de 24 personas clave en el escándalo del exFondioc, entre ellas Nemesia Achacollo (exministra de Desarrollo Rural), Felipa Huanca (ex cónsul de Bolivia en Puno, Perú) y otras exautoridades del Gobierno del MAS.
Asimismo, la Fiscalía señala que pidió tres meses de reclusión para Arce porque se deben realizar algunos actos investigativos como inspección técnica ocular, registro del lugar de los hechos, declaración de otros sindicados, y otros actos adicionales para “establecer la verdad histórica del hecho”.
Daño económico supera los Bs 360 millones
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que la investigación apunta a un daño económico de Bs 360 millones, aunque estimaciones preliminares elevan la cifra a más de $us 700 millones en casos conexos.
“El daño económico es gigantesco: 360 millones de bolivianos solo en este caso. Pero este es apenas uno de los múltiples hechos irregulares descubiertos. Vamos a llegar hasta el final”, subrayó Oviedo.
Oviedo afirmó que la aprehensión de Arce responde a una directriz del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien instruyó profundizar la lucha contra la corrupción y esclarecer el manejo del Fondo Indígena durante la gestión del MAS.
El caso Fondo Indígena —que inicialmente fue destapado por el fallecido exdirector Marco Antonio Aramayo— vuelve así al centro del debate nacional, ahora con un expresidente del Estado en el banquillo de los acusados.