En la Asamblea Legislativa volvió a respirarse ese aire áspero que aparece cuando la política decide desafiar al calendario. La sanción de la ley para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de diciembre llegó, literalmente, con olor a urgencia. Y también con un toque de ironía inevitable: serán los postulantes quienes deberán correr contra el reloj mientras los legisladores celebran haber cumplido con su parte. Como dijo uno de ellos, “no nos puede ganar el tiempo”, aunque en la práctica esa frase se haya convertido en el argumento perfecto para recortar evaluaciones, suprimir exámenes y acelerar trámites.
La Cámara de Diputados abrió el camino con una sesión que duró casi 24 horas y que terminó arrancando de raíz cualquier prueba que exigiera presencia o deliberación. El diputado Santiago Ticona lo explicó sin rodeos: “Hubiese sido ideal incluir el examen escrito, la entrevista y la presentación de un plan de trabajo; sin embargo, los tiempos no dan”. Recordó además que en 2019 hubo “alrededor de 600 postulantes”, cifra que haría “humanamente imposible” un proceso tradicional. De ese razonamiento nació la solución exprés: revisar carpetas y méritos en lugar de escuchar propuestas o medir capacidades.
El Senado continuó con la misma velocidad. Aprobó la norma por más de dos tercios y activó un cronograma que, más que legal, parece deportivo: doce fases, cada una de un solo día, excepto la presentación de postulaciones que tendrá apenas cuatro. El senador Wilder Véliz defendió la decisión con solemnidad: los legisladores, dijo, “están garantizando el proceso de elección de los vocales del TSE”, y el futuro del país dependerá de quienes asuman la “enorme responsabilidad de conducir las elecciones subnacionales”. El presidente del Senado, Diego Ávila, fue más optimista: la ley “da certeza y seguridad al país de que contarán con los mejores hombres y mujeres dentro del Tribunal Electoral”.
Pero bajo esa solemnidad aparece un detalle inquietante: mientras los postulantes apuren trámites y la Comisión Mixta trabaje día y noche “por tiempo y materia”, los nuevos vocales deberán encarar un desafío monumental. La norma les ordena elaborar un nuevo padrón electoral en un plazo máximo de dos años. Según Ticona, esta disposición “permitirá superar las dudas y susceptibilidades que han acompañado a los procesos electorales de las últimas dos décadas”. Lo paradójico es que este proyecto, calculado antes en al menos 40 millones de dólares, requiere no solo recursos sino también un amplio consenso político, algo que el país no ha logrado ni siquiera para elegir vocales sin prisas.
La urgencia del proceso tiene una razón jurídica ineludible. Como recuerda la constitucionalista María Elena Attard, el mandato de los vocales del Órgano Electoral Plurinacional “se computa por periodo constitucional, no por función personal”. Y ese periodo termina, sin excepción, el 19 de diciembre, incluso para quienes asumieron después de 2019. Attard lo resumió con claridad: “No quiere decir que por renuncia se vuelve a elegir todo un nuevo periodo”. Es decir, el OEP quedará sin autoridades en cuestión de días, y la nueva ley busca evitar que el país enfrente un vacío institucional, justo antes de iniciar el ciclo electoral subnacional.
A la presión temporal se suma la incertidumbre judicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional aún no resuelve el Amparo presentado por Dina Chuquimia contra su destitución. La exvocal insiste en que “un decreto presidencial no puede estar por encima de la Constitución”, y su caso podría redefinir cómo se interpreta el mandato de los vocales destinados por el Órgano Ejecutivo. Mientras tanto, el expediente continúa detenido, sin una sentencia que aporte claridad.
En paralelo, los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) también deberán renovarse con un procedimiento acelerado. Las asambleas departamentales tienen la misión de elaborar ternas “de forma inmediata”, y Diputados contará con apenas dos días para elegir a las nuevas autoridades.
Así, entre carpetas, impugnaciones relámpago y listas publicadas a la velocidad de un boletín urgente, Bolivia se alista para reconstruir su institucionalidad electoral en un tiempo récord.