La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reportó un "crecimiento desmesurado de casos de agresión a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de la prensa en los últimos dos meses y reiteró su pedido al Gobierno de que tome acciones inmediatas para frenar la violencia contra el periodismo.
Desde octubre de 2021 hasta la fecha, la Unidad de Monitoreo de la ANP, que representa a los principales diarios bolivianos, contabilizó 37 incidentes verificados que atentaron contra la libertad de prensa y el trabajo de periodistas de medios independientes y estatales solo en Santa Cruz, una cifra que muestra que este departamento concentra el mayor número de agresiones contra periodistas. La extrema violencia ejercida por avasalladores de tierras contra periodistas esta semana sumada a la extensa lista de agresiones a reporteros durante los 36 días de paro cívico cruceño, exigen una acción inmediata del Gobierno nacional antes que un desborde del conflicto arroje saldos lamentables, sostuvo la Asociación, en un comunicado. El último caso reportado es la brutal agresión a un periodista de El Deber por parte de un grupo de personas que tomaron ilegalmente un predio de la familia Kim. De todos estos casos, la denegación de justicia emerge como el rasgo más inquietante, alertó la Asociación. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2022, la ANP expresó profunda preocupación por una decisión de la Fiscalía que, tras ordenar la detención de dos personas involucradas en la agresión al periodista Mario Alberto Rocabado, cambió su decisión de forma inexplicable y las benefició con el arresto domiciliario. Asimismo, fiscales rechazaron en dos ocasiones la denuncia que hizo el periodista de la red digital “La Cruda Verdad” Carlos Justiniano Flores contra su agresor, quien además de golpearlo le sustrajo su equipo de trabajo durante el paro cívico. La ANP se refirió también al caso del trabajador de la prensa Sebastián Méndez, quien enfrenta una orden de captura luego de que un juez resolviera cambiar la figura de arresto domiciliario por detención en un penal de máxima seguridad, a pesar de haberse demostrado el uso de pruebas falsas para inculparlo. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, de su lado, denunció 40 ataques verbales y físicos durante los días de conflicto regional y ninguno de los casos es investigado. La Policía que tiene la tarea de investigar la comisión de delitos y proteger al ciudadano, (pero) dirigió sus ataques contra periodistas o, en otros, casos ignoró pedidos de auxilio de reporteros agredidos por grupos violentos, denunció. Como ejemplo, recordó que en la noche del 16 de noviembre de 2022, el periodista de la red de televisión Unitel Leonardo Gil Villalba fue herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía mientras informaba sobre la represión a manifestantes que apoyaban el paro cívico. Todos los casos fueron reportados con todo detalle y con urgentes llamados a la protección de los periodistas enviados a zonas de conflicto, pero ningún funcionario del Gobierno central escuchó las peticiones", lamentó. Por esas consideraciones, la ANP solicitará al presidente Luis Arce una audiencia para exponer todos estos hechos y para pedir que el Ejecutivo actúe con prontitud en garantizar la seguridad pública y el trabajo de los periodistas.