Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Paola Prudencio y Laura Villca llegaron hasta La Paz para denunciar una nueva maniobra desde una sala constitucional del Beni. El abogado, Percy Claure Cuellar, presentó una acción popular contra todas las autoridades electas y autoprorrogadas del Órgano Judicial, con la intención de defenestrar a todos.
“Un juez constitucional no puede tomarse atribuciones e ir más allá de la Constitución Política del Estado sin respetar la separación de poderes. Hemos visto, desde hace años, que el Tribunal Constitucional, a través de salas constitucionales, va más allá, interpretando más allá de la Constitución de manera contraria y tomando atribuciones que no corresponde al Tribunal”, dijo la magistrada Villca.
De acuerdo con la explicación, el abogado Percy Claure Cuellar, presentó ante el Tribunal Departamental de justicia del Beni, una acción popular. La Sala Constitucional Segunda admitió el caso, debía llevarse adelante la audiencia el jueves, pero la misma fue suspendida. Lo curioso del caso es que el que preside es el vocal Charles Mejía, que ya paralizó en dos oportunidades la elección judicial de 2024. Curiosamente, el mencionado vocal era candidato en ese proceso y quien ahora presenta la acción popular es un exempleado suyo en su oficina de abogados.
La demanda es contra los cinco autoprorrogados, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas, “asimismo se solicita el cese de funciones del Magistrado Paul Enrique Franco Zamora y de todos los Magistrados electos de manera fraudulenta el año 2024”, señala el memorial del abogado, por lo que pone en tela de juicio la legalidad y legitimidad de 10 magistrados del Tribunal Agroambiental; seis del Consejo de la Magistratura; 14 del Tribunal Supremo de Justicia y ocho del Tribunal Constitucional, entre titulares y suplentes.
“Recientemente, el voto popular se ha pronunciado, el soberano, el ciudadano se ha pronunciado y ha elegido a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y recientemente a nuestro presidente y a nuestro vicepresidente electos, entonces no se puede seguir instrumentalizando la justicia, a este paso se va a desconocer ese mandato”, protestó la magistrada Paola Prudencio.
Los demandados, con esta acción popular son los autoprorrogados que siguen en funciones, la totalidad de la Asamblea Legislativa y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fueron los administradores del proceso electoral de diciembre de 2024.