Los recientes casos asociados a la narcoviolencia, así como la presencia en el país de líderes de organizaciones criminales internacionales, generó reacciones en varios escenarios del país, mientras entidades de alcance internacional y organismos especializados de Estados Unidos también exteriorizaron su inquietud a través de canales formales.
En ese contexto, el excoordinador del antiguo Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) Sabino Mendoza expresó su “profunda preocupación” por la situación actual del narcotráfico en Bolivia, a pocos días de que se conociera un nuevo reporte de Estados Unidos que descertificó por décimo octava vez la lucha boliviana contra las drogas.
“La realidad nos muestra que el país está atravesando un momento crítico, en el que el crimen organizado no solo permea fronteras, sino también estructuras estatales, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones”, afirmó el exfuncionario.
Mendoza aseguró que, más allá de la controversia diplomática con Washington, los hechos recientes hablan por sí solos: la presencia de emisarios del Primer Comando Capital (PCC) en Santa Cruz, el asesinato de cabecillas como Édgar Dorado Menacho, alias ‘el Jefe’, y la búsqueda de fugitivos como ‘Coco’ Vásquez, evidencian que Bolivia “ya no es un país de tránsito pasivo, sino un espacio donde operan células del narcotráfico con capacidad de violencia y corrupción”.
Reportes internacionales
El pronunciamiento estadounidense, difundido esta semana, reconoce ciertos avances en materia de incautaciones de cocaína y la captura de narcotraficantes como Maximiliano Dávila (2024), el exjefe antidrogas procesado por vínculos con el narco. Sin embargo, insiste en que Bolivia “aún tiene mucho trabajo por delante para cumplir con sus compromisos internacionales y garantizar que no sea un refugio para grupos narcotraficantes”.
Ante ello, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, calificó la descertificación de “unilateral, política y sin valor técnico”, al tiempo que recordó que el país norteamericano es “uno de los principales centros de consumo y tráfico de drogas ilegales y de armas que sustentan estos delitos”.
Mendoza discrepa parcialmente con esa visión. “Es cierto que el consumo está fuera, pero la responsabilidad es compartida. Eso no exime al Estado boliviano de enfrentar con mayor firmeza la penetración de mafias extranjeras y de revisar la permisividad interna que hoy las fortalece”, señaló.
Hechos recientes: violencia y narcotráfico
El avance del crimen organizado en Bolivia se refleja en operativos de alto impacto durante los últimos meses. En Santa Ana de Yacuma, una patrulla policial fue emboscada mientras buscaba a ‘Coco’ Vásquez, acusado de liderar una red criminal vinculada al narcotráfico y el sicariato. Días antes, la ejecución de Édgar Dorado Menacho puso en evidencia la guerra entre bandas con nexos internacionales y contactos en fuerzas del orden.
En paralelo, investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) apuntan a la presencia de emisarios del PCC brasileño en Santa Cruz, lo que refuerza la percepción de Bolivia como un refugio estratégico para estructuras transnacionales. “La frontera porosa y los controles débiles convierten al país en un terreno fértil para la instalación de carteles”, subrayó Mendoza.
A inicios de septiembre, la red brasileña O Globo reveló la residencia en Santa Cruz de Sergio Luiz de Freitas Filho, alias ‘Mijão’ o ‘Xixi’, uno de los cabecillas del PCC. El hombre estuvo viviendo en esta ciudad durante 10 años con identidad falsa. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo que se casó con una ciudadana boliviana con identidad falsificada para poder acceder a papeles nacionales.
La Fiscalía de Brasil identificó a 146 miembros del PCC en Bolivia, entre privados de libertad (75) y en libertad (71). El reporte se divulgó en junio de este año y fue compartido a Bolivia por la vía diplomática, según conoció EL DEBER.
Dos años antes, en julio 2023, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset huyó del país tras un confuso operativo policial. El hombre estaba residiendo en Santa Cruz desde 2020. Era parte de un club de fútbol y su familia ya estaba instalada en la ciudad. Todo esto a merced de documentos de al menos dos identidades falsas. Estados Unidos pide una recompensa de dos millones para dar con el prófugo.
El impacto político
Analistas como Iván Rada advierten que la descertificación se ha convertido en una constante desde la expulsión de la DEA en 2008. “El MAS se despide del poder como invicto en descertificaciones, sin un solo año aprobado en materia antidrogas. La narrativa oficial siempre responsabilizó a Estados Unidos, pero en paralelo creció la evidencia de carteles operando en Bolivia”, explicó.
El coronel en retiro Jorge Santistevan fue más allá tras señalar que el reporte norteamericano es “una advertencia clara sobre la complicidad de autoridades con el narcotráfico, más aún cuando otros informes ya revelan que nuestro territorio funciona como refugio de líderes internacionales de la droga”.
Mendoza coincidió en que la advertencia no debe ser tomada a la ligera. “Si bien el Gobierno busca relativizar los informes de Estados Unidos, la verdad es que la seguridad interna se erosiona y la imagen del país se deteriora en el plano internacional. El próximo Gobierno tendrá el desafío enorme de recomponer una estrategia antidrogas creíble, que supere la narrativa política y enfrente de manera integral el fenómeno del narcotráfico”, declaró.
Una amenaza estructural
Para Sabino Mendoza, la expansión del narcotráfico no solo golpea la seguridad, sino también la economía y la política. “Cuando las mafias se instalan, corroen todo lo que tocan: instituciones judiciales, fuerzas del orden, autoridades locales. La descertificación puede ser vista como un problema diplomático, pero en realidad es un espejo de lo que vivimos dentro del país”, enfatizó.
“Bolivia necesita retomar una estrategia seria y coordinada con la comunidad internacional. El narcotráfico ya no es un asunto marginal, es un problema estructural que pone en riesgo la democracia y la estabilidad del país”.
Cerian y radares: una capacidad cuestionada
Mendoza también puso la mirada en el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), inaugurado como la “gran apuesta” para reemplazar la cooperación de la DEA tras su expulsión en 2008. A su juicio, la instancia “nunca logró convertirse en un centro de inteligencia real, con intercambio fluido de información internacional, sino que quedó como un edificio simbólico con resultados limitados”.
En esa misma línea, cuestionó la efectividad de los radares adquiridos por el Estado para el control del espacio aéreo. “Se anunció que los radares cubrirían todo el territorio para frenar los vuelos ilegales vinculados al narcotráfico, pero la práctica demuestra que las aeronaves clandestinas siguen operando con absoluta impunidad. O los radares no funcionan, o no se los utiliza de manera adecuada”, remarcó.
Para Mendoza, la debilidad del Cerian y el mal uso de los radares son reflejo de una estrategia incompleta: “Podemos tener leyes duras y comunicados políticos, pero si no hay capacidad técnica real para detectar vuelos, interrumpir rutas y procesar información de inteligencia, la lucha contra el narcotráfico será solo discursiva”.