Cesación a la detención preventiva, fianza económica de Bs 10.000, presentación ante la Fiscalía de Santa Cruz cada 15 días, arraigo y detención domiciliaria sin salida laboral. Esas fueron las medidas sustitutivas que dictó el tribunal Sexto de Sentencia, para el activista, Luis Fernando Handam, donde se encuentra radicado el caso ‘zuñigazo’.
“Han sido 15 largos meses en los que el ingeniero Luis Fernando Handam ha venido cumpliendo a rajatabla la detención preventiva y que ya no era proporcional ni necesario que se aplique esa medida y en base a esas características de esta medida cautelar lógicamente el tribunal ha dispuesto su cesación”, informó el abogado defensor, Ricardo Rodríguez.
Fernando Handam, un activista de Derechos Humanos, fue aprehendido la madrugada del 7 de julio en Santa Cruz y luego trasladado a la ciudad de La Paz. 24 horas después era llevado a audiencia cautelar y el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, dispuso su detención preventiva por seis meses, aunque posteriormente fue ampliada.
“La detención domiciliaria la tiene que cumplir en la ciudad de Santa Cruz, vamos a pedir lógicamente el cambio toda vez de que el ingeniero Luis Fernando Handam es defensor de derechos humanos y lógicamente tiene que tener un horario para que pueda ejercer justamente esa actividad que venía desarrollando”, dijo el abogado defensor.
Handam está acusado junto a otras 26 personas –entre civiles y militares– de haber perpetrado un “golpe de estado fallido” según la versión del Gobierno, aunque la acción no pasó de ser una toma de la plaza Murillo que ocasionó destrozos en la centenaria puerta principal del palacio de Gobierno.
“El caso en este momento está en actos preparatorios para el juicio, ya nos van a convocar seguramente para que podamos presentar todas las pruebas de descargo y estamos aguardando que no se nos notifiquen y nosotros podamos iniciar nuestra defensa”, completó el profesional.
Handam es uno de los últimos detenidos preventivos por ese caso que aún estaba en prisión pues hasta el momento, 23 de los acusados lograron detención domiciliaria. Solo los principales acusados como el general, Juan José Zúñiga y el almirante Juan Arnez son los únicos que guardan detención preventiva, el primero en la cárcel de El Abra, Cochabamba y el segundo en San Pedro, La Paz.