La historia ha vuelto a repetirse en Las Londras, a casi 200 kilómetros al Este de Santa Cruz, como herida que nunca termina de cerrar desde las ocupaciones irregulares que se registraron hace poco más de un lustro. El avasallamiento de tierras en menoscabo del derecho de pertenencia de sus legítimos propietarios, es una práctica inveterada que ha carcomido la seguridad jurídica y la convivencia social en Bolivia durante años. Reaparece esta vez con un matiz alarmante: la violencia organizada y armada que es ejercida contra el propio Estado.
El martes 27 de enero marcó un punto de quiebre. En la vecina comunidad de San Pedro, un grupo armado emboscó y atacó a una comitiva oficial que se dirigía a Las Londras, integrada por funcionarios del Gobierno central y de la Gobernación cruceña, evidenciando que en esa zona el Estado no solo parece haber perdido el control territorial, sino también el principio de autoridad. Lo ocurrido que dejó herido a un camarógrafo de un medio de comunicación local que acompañaba a la comitiva y un vehículo con daños materiales por una lluvia de piedras lanzada por los numerosos y violentos usurpadores, no fue un simple incidente ni un exceso circunstancial porque constituyó una demostración de fuerza, un mensaje claro de que los avasalladores actúan con la certeza de la impunidad.
Las Londras no es un caso aislado. Es el reflejo de una política errática y permisiva frente a la toma ilegal de tierras productivas, particularmente en el Departamento de Santa Cruz donde son las más apetecidas por traficantes y avasalladores, muchas de ellas con propietarios legalmente establecidos. Durante años se ha tolerado, cuando no alentado, la ocupación irregular bajo discursos ideológicos que poco y nada tienen que ver con la justicia social y mucho con el oportunismo político y económico. El resultado está a la vista con la presencia de grupos organizados, armados y dispuestos a usar la violencia para imponer su ley.
Que la Policía haya sido rebasada por los avasalladores es un dato grave, pero no sorprendente. Más preocupante aún es que recién ahora se anuncie la participación de 200 efectivos del Ejército para coadyuvar en los desalojos que deberá ejecutar la fuerza del orden. La presencia militar, aunque necesaria en este contexto, debería ser el último recurso, no la respuesta habitual ante conflictos que nacen de la falta de prevención, control y voluntad política para resolverlos oportunamente.
El Estado no puede seguir reaccionando tarde y mal como lo viene haciendo. No basta con desalojar una vez que la violencia ha escalado y las armas han hablado. Se requiere una política clara, firme, coherente y sostenida que garantice el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y el imperio de la ley, sin dobles discursos ni cálculos electorales.
Las Londras es una advertencia que debe ser tomada muy en serio por autoridades locales y nacionales. Cuando el Estado abdica de su rol, otros ocupan su lugar. Y cuando esos otros se arman, el costo lo paga toda la sociedad. Restablecer el orden donde ha sido violentado no es una opción, es una obligación. El viceministerio de Tierras ha afirmado que el Gobierno aplicará una política de ‘cero tolerancia’ al avasallamiento y una auditoría integral al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para identificar predios ocupados ilegalmente, responsabilidades administrativas y posibles redes de tráfico de tierras. Hacerlo con firmeza, legalidad y sin ambigüedades es la única manera de evitar que esta historia, una vez más, -como en el caso del avasallamiento en Las Londras-, adquiera un ya conocido y penoso registro.