¿Qué sucede cuando los policías se colocan al servicio de las organizaciones criminales, a cambio de altos beneficios económicos?
En septiembre de 2011, el general René Sanabria, ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), fue detenido en Panamá, traficando 144 kilos de cocaína. En enero de 2022, el coronel Maximiliano Dávila, director nacional de la FELCN en 2019, fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas del narcotráfico. En abril de 2022, ocho policías de la FELCN fueron encarcelados por haberse apropiado de 800 kilos de cocaína. En julio de 2023, el jefe de la FELCN en el aeropuerto de Viru Viru, fue encarcelado por el caso “narcovuelo”. En agosto de 2025, cinco policías de la FELCN fueron sorprendidos en territorio chileno, traficando casi 600 kilos de droga. En septiembre de 2025, un policía y dos militares fueron imputados por participar de una organización de narcotráfico y sicariato, a la que se atribuye 13 asesinatos por encargo.
Estos casos representativos, sin mencionar la reiterada información sobre la droga desviada por policías al mercado local, generan la pregunta: ¿por qué las políticas de lucha contra el narcotráfico del Estado boliviano tienen escasos resultados?
Una respuesta posible es que tales políticas tienen como objetivo atacar a las organizaciones narcotraficantes, y olvidan atacar la corrupción en la Policía. Se entiende esta como el conjunto de delitos cometidos desde el interior de la institución, por funcionarios que buscan obtener beneficios para sí o para terceros.
Según Transparency International, la corrupción policial tiene dos categorías: 1) oportunista (coimas y abuso de poder para beneficio individual), 2) sistémica (redes organizadas usualmente protegidas por los altos mandos, y vinculadas a las actividades del crimen organizado). La evidencia, en Bolivia, indica que el narcotráfico utiliza la corrupción en la Policía como herramienta para operar.
En el audio grabado, en julio de 2019, de la reunión entre el entonces director nacional de la FELCN, coronel Maximiliano Dávila, y una organización de narcotraficantes, el coronel ofrecía varios policías de la FELCN para que, armados con ametralladoras, den protección a los narcotraficantes mientras cargaban una tonelada de cocaína en un avión, que despegaría de un aeródromo donde la FELCN hacía la seguridad aeroportuaria.
Estas operaciones requieren que, detrás del jefe policial corrupto, haya otros policías partícipes, sean coautores, autores mediatos, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores, actuando en red. Así, las organizaciones criminales expanden su poder, sus rutas y, por consiguiente, sus ganancias; mientras que los policías corruptos obtienen ingentes beneficios personales, a cambio de dar protección, evitar arrestos, manipular evidencias y otras acciones que favorezcan la impunidad de los narcotraficantes.
Actualmente, en Bolivia, junto con los tradicionales clanes familiares, parecen tener cobertura para operar los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, el cartel de los Balcanes, el Tren de Aragua y la organización liderada por Sebastián Marset, mientras que la población asiste con alarma a ajustes de cuentas sucesivos, en las calles, que aparentan ser enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes en disputa.
Especialistas como Edgardo Buscaglia y Sonia Alda Mejías señalan que, en aquellos países donde el estado de derecho se ha debilitado, o donde hay regímenes autoritarios, existe: 1) un alto nivel de corrupción en las fuerzas de seguridad, y 2) mayor probabilidad de que las organizaciones criminales penetren en las instituciones públicas.
Estos parámetros, aplicados a Bolivia, muestran la urgencia de recuperar la supremacía de la ley en las instituciones del Estado. El nuevo gobierno, sin embargo, se limita al ámbito operativo anunciando el retorno de la Drug Enforcement Administration (DEA). ¿Cuál sería el rol de la DEA?
El daño que sufren las operaciones extranjeras de la DEA por causa de la corrupción policial en los países donde la DEA opera, fue descrito por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un informe de 2023, el cual señala que policías pagados por los narcotraficantes han filtrado información ocasionando asesinatos de informantes de la DEA, que investigaciones y operaciones tácticas han sido obstaculizadas, y que policías en funciones clave han utilizado su posición para manipular pruebas, extorsionar a sospechosos y apropiarse de bienes incautados de alto valor.
Corresponde recordar también que la DEA no ha logrado frenar a los narcotraficantes ni siquiera en su propio país, y que, en los países latinoamericanos donde la DEA opera, como México y Colombia, el narcotráfico sigue expandiéndose, y los ajustes de cuentas, secuestros y desapariciones, son cotidianos. En Bolivia, los grandes clanes familiares del narcotráfico, como los Lima Lobo o los Nallar, también crecieron durante la década de 1990, estando la DEA operando en el país.
La DEA tampoco es un organismo incólume. El Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un informe de marzo de 2015, reportó, entre múltiples delitos cometidos, que agentes de la DEA participaban de "fiestas sexuales" pagadas por los narcotraficantes en Colombia. Por consiguiente, la DEA no es una panacea y, si bien la cooperación multilateral es esencial para enfrentar al crimen organizado, Bolivia necesitaría recuperar, primero, el imperio de la ley dentro del Estado.
Para la lucha contra el narcotráfico, urge un diagnóstico de la corrupción en la Policía boliviana el que, para ser cabal, deberá estar a cargo de especialistas conocedores de todas las artimañas de las redes delictivas internas, que no solo operan protegiendo a los narcotraficantes, sino en ámbitos tan disímiles como el robo de vehículos, la venta de cupos de ingreso a la academia y escuelas básicas policiales, o el negociado de los vales para gasolina en los Comandos Departamentales, denunciado por el mismo vicepresidente.
Este escenario requiere la refundación de la Policía, y no solo un “movimiento de fichas”. La excusa de las “manzanas podridas” no se sostiene más. Investigadores como Esteban Rodríguez Alzueta y Daysi Doordo ya plantearon que hacer caer unas cuantas “manzanas podridas” permite a la red criminal continuar operando impunemente dentro de la institución. Y, como señala Maurice Punch en su libro “Corrupción policial” de 2009, “la poda no funcionará si la infección es sistémica”.