El Decreto 5503 ha merecido gran atención de parte de varios analistas, unos más especializados que otros, habiendo recibido distintas valoraciones y calificativos, pero el que más certero me ha parecido es el que lo ha llamado “decreto ómnibus”.
Desde el inicio, se le reclamaba insistentemente al gobierno que retire la subvención a los combustibles, y había un amplio consenso en la necesidad de tomar previsiones para atenuar su efecto sobre la población más vulnerable, lo que se hizo efectivamente. Se podría haber pensado que la demora en adoptarla tenía que ver con el diseño de dichas políticas de compensación y no, como de hecho ocurrió, con la decisión de incluir, en un solo decreto, un considerable número de temas que rebasan el alcance de la crisis de los combustibles.
Mezclar decisiones de política económica que tienen amplio consenso, con otras que no lo tienen, como se ha hecho evidente al publicarse el decreto, no es trivial. Y no solo que no hay consenso sobre las medidas no referidas al ajuste del precio de los combustibles, sino que también se cuestiona la legitimidad de haberlas aprobado por decreto cuando casi todas ellas requieren ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como lo han hecho notar, con toda razón, algunos parlamentarios no necesariamente de la oposición.
Como resultado de la decisión de ampliar su alcance, la oposición al decreto ha tomado un cariz distinto, pasando de motivaciones puramente económicas, a cuestionamientos de marcado contenido ideológico, que abrevan en la valoración disímil que existe en la sociedad boliviana, de lo que implica el ingreso del capital trasnacional y, sobre todo, el otorgamiento de beneficios a la inversión privada y, específicamente, a la inversión extranjera directa. Concretamente, se objeta la aprobación de contratos de concesión para explotar recursos naturales, por “vía rápida”, aunque los redactores han preferido usar la expresión “fast track”, es decir, que se aprueben o rechacen en un plazo de 30 días, so pena de que rija el silencio administrativo positivo; o el beneficio de estabilidad jurídica y tributaria para dicha inversión, por un período de 15 años (internacionalmente, se usan plazos entre 10 y 20 años, en función del nivel de riesgo, la importancia estratégica y la magnitud de las inversiones). Es posible que, por razones obvias, estas medidas sean necesarias para atraer capitales extranjeros a nuestro país, pero es objetable que se aprueben sin respetar el marco de constitucionalidad, lo cual incluso podría generar prevenciones entre inversionistas serios.
También se ha cuestionado, no solo desde el llano, sino por miembros de la ALP, las nuevas facultades que se ha asignado al Banco Central de Bolivia y que han sido relacionadas con la posibilidad de contratar deudas sin la debida aprobación parlamentaria.
Otra temática que ha sido incluida en el decreto “ómnibus”, y que es menos justificable apelando a las condiciones “excepcionalmente catastróficas” en las que se encuentra Bolivia (descritas largamente en el Título I), y que justificarían el recurso a aprobar estas medidas por decreto, es la referida al régimen tributario. Mención expresa merecen los artículos relativos al Impuesto al Valor Agregado que, por cierto, ocupa el primer lugar en cuanto a capacidad de recaudación, y cuya estructura ha sido gravemente perforada con el objeto explícito de beneficiar a los profesionales independientes, muchos de los cuales perciben ingresos significativos. Destacan también modificaciones referidas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que apuntan a disminuir la carga tributaria de los obligados a pagarlo. En relación con estas y otras modificaciones a la Ley 843, es pertinente mencionar que lo que sí urge encarar, es una revisión integral de la misma, en lugar de optar por ponerle más parches y, mucho menos, hacerlo por decreto.
Finalmente, hay imprecisiones menores en el decreto, que podrían ser atribuibles a la situación de “necesidad y urgencia” que enfrenta la administración del presidente Paz. Pero más allá de ello, y aunque duele decirlo, su contenido y forma, podrían estar reflejando una deriva del gobierno hacia prácticas de gestión controversiales que recuerdan al pasado reciente y orientaciones políticas que tuvieron vigencia en las últimas décadas del siglo pasado.