La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) destina cerca del 75% de su presupuesto a las minas de Huanuni y Colquiri, lo que resulta lógico al tratarse de sus principales operaciones. Lo preocupante es que más del 90% de esos recursos se asigna al gasto corriente, principalmente a sueldos, bonos y aguinaldos, dejando menos del 10% para inversión y exploración, según datos presupuestarios de 2025. Esta estructura de gasto revela una prioridad casi absoluta por lo laboral, en desmedro de la modernización, la productividad y la sostenibilidad futura de la empresa estatal.
La Comibol ha sido un pilar histórico del Estado boliviano desde su creación tras la Revolución Nacional de 1952, cuando simbolizó el quiebre del modelo oligárquico minero y se convirtió durante décadas en una fuente clave de divisas, empleo y recursos fiscales. Con el paso del tiempo, su peso se fue erosionando y, antes del MAS, se encontraba prácticamente en liquidación. Su reactivación durante el primer gobierno de Evo Morales se dio sin activos suficientes ni una estructura técnica sólida. A ello se sumó la incorporación abrupta de cerca de 4.000 nuevos asalariados, tras conflictos en Huanuni, que inflaron una planilla ya pesada.
Hoy, aunque su peso relativo es menor frente a la minería privada, la Comibol sigue siendo relevante. Administra yacimientos estratégicos como Huanuni (estaño) y Colquiri (estaño y zinc), que generan regalías, impuestos y exportaciones, aunque con menores niveles de eficiencia. En un contexto de escasez de divisas, cada tonelada exportada cuenta. Además, estas minas funcionan como anclas laborales y de contención social en regiones con escasas alternativas productivas, un factor que el Estado suele privilegiar en nombre de la gobernabilidad.
Sin embargo, la minería es una industria intensiva en capital y altamente competitiva. Requiere inversión constante en tecnología, exploración y reposición de reservas. Destinar menos del 10% del presupuesto a inversión implica que Huanuni y Colquiri se están descapitalizando, acortando la vida útil de sus yacimientos y elevando sus costos de producción. En términos simples, la Comibol está consumiendo su futuro para financiar su presente.
Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados de estas minas figuran entre los sectores laborales más privilegiados del país. En medio de una prolongada crisis económica, continúan percibiendo altos salarios sin una productividad equivalente ni exposición real a los ciclos de precios de los minerales. Resulta paradójico que la Central Obrera Boliviana esté liderada por un dirigente minero de Huanuni, un sector que dista de reflejar la realidad del conjunto de la clase trabajadora y que fue funcional a políticas que contribuyeron al actual deterioro económico.
En este contexto, los ajustes impulsados por el gobierno de Rodrigo Paz, iniciados con el Decreto Supremo 5503, deben alcanzar a todos los sectores, sin excepciones. El Estado no puede sostener indefinidamente empresas públicas deficitarias que priorizan salarios por sobre inversión. La Comibol sigue siendo estratégica, pero necesita reorientar su estructura de gasto si quiere garantizar su producción futura.
Como ha señalado el propio presidente, la recuperación económica exige sinceramiento, eficiencia, productividad y más exportaciones para generar las divisas que hoy escasean. La Comibol, por su peso histórico y simbólico, debe dar señales claras de cambio, pero el país solo podrá salir adelante si todos los sectores —públicos y privados— asumen que sin inversión, sin competitividad y sin disciplina económica no hay crecimiento sostenible ni bienestar duradero.