La derogación del Decreto Supremo 5503 y su reemplazo por el DS 5516 es una señal del momento que atraviesa Bolivia. Aunque el gobierno preservó lo importante, la eliminación del resto de artículos muestra el afán de grupos corporativos que prefieren la comodidad de sus beneficios a costa del bien común.
Más allá de eso, también es una lección de que las reformas económicas podrían fracasar si carecen de condiciones institucionales que las sostengan. Las propuestas técnicas adecuadas pueden revertirse si se formulan sin respaldo político previo y sin canales estables y legítimos de deliberación.
Con sus virtudes y defectos, el DS 5503 intentó reconfigurar el modelo económico vigente estas décadas con medidas para estabilizar y crecer. Desafortunadamente, no hubo un proceso previo de construcción de consensos, incluso dentro la institucionalidad estatal. Pese a que las principales medidas de estabilización permanecen, hay más incertidumbre sobre las reformas que el país necesita.
Es preocupante la debilidad estructural del país para procesar y ejecutar reformas de fondo. En contextos como el nuestro, los intentos de cambio fracasan cuando no se anclan en instituciones legítimas y son capturadas por intereses colectivos.
El conflicto es una característica propia de Bolivia. La ausencia de canales institucionales que funcionen lleva a que bloqueos, paros y protestas sustituyan al debate democrático. Lo que debería tramitarse en mesas técnicas o legislativas termina en las calles.
Esta dinámica tiene consecuencias económicas concretas. Desde 2019 el país ha experimentado costos económicos de la conflictividad. Son siete años seguidos en los cuales los costos incluso superaron un punto porcentual del PIB por año. Esto se agrava porque 80% de la carga se transporta por carretera, lo que hace que cada día de interrupción en la red troncal represente una pérdida significativa.
El impacto no se limita al corto plazo. Como señalan los entendidos en el tema, el conflicto afecta variables críticas: reduce el crecimiento, aumenta la pobreza, deteriora el clima de negocios e implica altos costos de gestión de riesgo operacional. Todo ello erosiona la competitividad y limita la innovación.
A pesar de ello, el conflicto no debe verse únicamente como un problema. Puede ser una fuente legítima de transformación si se gestiona dentro de marcos adecuados. Los expertos en resolución de conflictos señalan que la clave no está en evitar el conflicto, sino en institucionalizarlo: crear (o emplear) espacios estables para procesarlo, con reglas claras y actores representativos. Esos espacios incluyen, por ejemplo, el poder legislativo, cuyos miembros fueron elegidos democráticamente.
Un reporte de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo identifica tres condiciones para que el conflicto sea una oportunidad: un Estado con legitimidad distributiva, mecanismos efectivos de diálogo social, y alianzas público-privadas estables.
En Bolivia, estos pilares están ausentes o debilitados. El Estado oscila entre decisiones unilaterales y respuestas reactivas. Los actores sociales se movilizan más para presionar que para proponer. Y, el sector productivo enfrenta un entorno normativo volátil y sin señales claras de largo plazo.
En este escenario, urge una nueva forma de gobernanza económica, una que no dependa de normas aisladas, sino de pactos construidos con participación y sin caprichos corporativos. Que combine criterios técnicos con legitimidad social y que respete los tiempos de la política sin renunciar a la urgencia de transformar el país.
Como muestra la literatura internacional, los países que logran consolidar reformas y sostener el crecimiento no son los que evitan los conflictos, sino los que los procesan dentro de reglas confiables. El desafío no es solo técnico, ni solo político: es institucional.
Sin esas condiciones, las reformas seguirán fracasando. Y el conflicto seguirá costando más que cualquier resistencia al cambio.