Bolivia ha vivido, en las últimas horas, un momento histórico que trasciende la ceremonia de una posesión presidencial. La asunción de Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara marca el inicio de un nuevo tiempo político, el primero en dos décadas que surge de una segunda vuelta electoral y de un voto ciudadano libre, plural y pacífico. El país ha demostrado, una vez más, que su democracia -golpeada, cuestionada y erosionada por años de polarización- conserva una raíz más profunda que cualquier crisis: la voluntad colectiva de preservar la institucionalidad.
El juramento de Paz y Lara no solo simboliza el relevo de un gobierno; representa el reencuentro del Estado con su legitimidad. La Asamblea Legislativa, que acompañó la investidura con respeto y sobriedad, reflejó una nueva correlación de fuerzas: plural, equilibrada, sin hegemonías absolutas. Esa sola imagen -los parlamentarios de distintas tendencias aplaudiendo un mismo acto de poder constitucional- es la mejor expresión de la madurez democrática que Bolivia necesitaba recuperar.
La democracia se consolida cuando el voto se respeta y el poder cambia sin imposiciones. Pero también se consolida cuando la autoridad entiende que su legitimidad se renueva cada día con actos de honestidad, transparencia y servicio. El país espera, y exige, que este nuevo gobierno corrija las desviaciones que en los últimos años degradaron la gestión pública: el uso discrecional del poder, la corrupción institucionalizada y la arbitrariedad que fracturó la confianza ciudadana.
Desde La Paz, y bajo la mirada de una comunidad internacional que acompañó la ceremonia con esperanza, Bolivia volvió a tender puentes con el mundo. Las delegaciones extranjeras y la presencia de cinco presidentes latinoamericanos enviaron una señal clara: el aislamiento de los últimos años empieza a revertirse. La nueva administración hereda desafíos enormes, pero también una oportunidad histórica para reconstruir su imagen externa, reabrir la diplomacia y restablecer el diálogo con los países vecinos, con los organismos financieros y con los mercados que observan con cautela pero también con interés.
Los primeros gestos del gobierno apuntan a la acción. El ingreso de combustibles al país, anunciado en las primeras horas de gestión, representa una medida concreta y urgente para aliviar la escasez que golpeó a la economía y a la vida cotidiana de los bolivianos. Este primer paso práctico envía una señal de gestión más que de discurso: un gobierno que entiende que los problemas reales requieren soluciones inmediatas.
La tarea que comienza será ardua. Bolivia enfrenta una crisis económica de fondo, marcada por la falta de divisas, el endeudamiento creciente y la desconfianza empresarial. Superarla exigirá serenidad, templanza y unidad nacional. El nuevo Gobierno deberá garantizar un clima propicio para la inversión, reglas claras para el sector productivo y un diálogo honesto con los trabajadores y las regiones. El futuro no se construirá con promesas, sino con acuerdos y resultados.
Bolivia necesita, más que nunca, que se respeten las instituciones, que se restablezca el Estado de Derecho y que la ley vuelva a ser el límite y el amparo de todos. Esa será la prueba mayor de este tiempo que comienza: demostrar que la reconciliación no es solo una palabra de campaña, sino una política de Estado.
El país entero asistió, este sábado, al renacer de una esperanza democrática. Corresponderá ahora a sus líderes convertir esa esperanza en confianza y esa confianza en bienestar. Después de los años más oscuros, Bolivia vuelve a mirar hacia adelante. Y lo hace con la convicción de que su destino depende, otra vez, de su propia madurez.