El reciente anuncio del gobierno de Bolivia de retomar la colaboración formal con la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos y de otras agencias, constituye un punto de inflexión en la política antidrogas del país. Bajo el nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, se ha planteado explícitamente que “vamos a cooperar con todas las instituciones internacionales, la DEA también”. Esta decisión reabre un viejo debate que trasciende la lucha contra el narcotráfico y entra de lleno en la arena de la soberanía nacional, la estructura institucional y el modelo de desarrollo productivo.
Desde 2008, cuando el gobierno de Evo Morales expulsó a la DEA aduciendo injerencia política y una cuestión de soberanía, Bolivia había mantenido una política de colaboración limitada con agencias antidroga extranjeras. El anuncio de reapertura a la agencia norteamericana, por tanto, tiene tanto un valor simbólico -con un viraje hacia una postura internacional más abierta- como el valor práctico de reconocer, de modo explícito, que el fenómeno del narcotráfico es transnacional y que requiere cooperación más allá de las fronteras.
Sin embargo, este paso no está exento de conflictos. Diversos sectores, incluyendo figuras vinculadas al anterior gobierno, han manifestado su preocupación. Una de las críticas recurrentes es que en el pasado la presencia de la DEA se asoció con operaciones consideradas soberanamente intromisivas, dirigidas más al control político que al combate puro del narcotráfico.
El expresidente Morales también sostuvo que “por Constitución, no pueden estar extranjeros armados en el territorio nacional”, señalando un principio constitucional que podría chocar con una presencia foránea activa. La clave estará en definir claramente el tipo y el alcance de la cooperación: si se trata simplemente de asistencia técnica, de intercambio de inteligencia, o de operaciones conjuntas con atribuciones operativas. En este punto reside la tensión entre asegurar eficacia en la lucha antidroga y preservar el principio de autodeterminación.
A la vez, conviene preguntarse qué tan eficaz fue la DEA en Bolivia previamente. En 2024, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que no veía necesario que la DEA volviera, argumentando que Bolivia “tiene los elementos necesarios para conseguir resultados exitosos”, y que el trabajo de la agencia estadounidense “no fue bien visto” en su momento. Un análisis más amplio señalaba que, cuando la DEA operó en Bolivia, lo hizo en un contexto de fuerte intervención externa, asociaciones poco claras con estructuras locales y, en algunos casos, con efectos contraproducentes: criminalización de cocaleros, falta de adaptación al contexto agrario boliviano y fragmentación institucional.
En este sentido, la lógica del nuevo gobierno parece reconocer que las capacidades nacionales de lucha antidroga requieren fortalecimiento y que la cooperación internacional debe ajustarse al contexto local y no replicar modelos externos sin adaptación. El reto estará en configurar un esquema de cooperación que aporte valor agregado -en tecnología, inteligencia y logística- sin comprometer la transparencia, la rendición de cuentas ni la política interna nacional.
La posible reactivación de la DEA abre la perspectiva de una ‘mano más dura’ sobre el cultivo de cocales y el tráfico de drogas, lo que puede generar tensiones sociales y políticas en zonas cocaleras que históricamente han sido bastión de reivindicación y resistencia. Si la colaboración con la DEA va acompañada de operativos de erradicación o detenciones masivas sin componentes de sustitución productiva, el riesgo de conflicto puede escalar.
El retorno -o el restablecimiento formal- de la DEA a Bolivia marca una oportunidad política para redefinir la estrategia antidroga del país. Si el gobierno de Rodrigo Paz logra equilibrar la cooperación internacional con una apuesta decidida por fortalezas nacionales, rendición de cuentas y desarrollo rural alternativo, podría marcar el inicio de una nueva fase en la lucha contra las drogas en Bolivia. Si no, el anuncio podría quedar como mero simbolismo más que representar un cambio real.