El país descubre, con estupor, el verdadero rostro de la herencia que dejó el gobierno de Luis Arce Catacora: un Estado reducido a una maquinaria corroída, saqueada y vaciada desde adentro. En menos de una semana, el presidente Rodrigo Paz no tuvo otra palabra para describir lo encontrado que “cloaca de dimensiones extraordinarias”. No fue una figura retórica: es la radiografía exacta de una administración que convirtió al aparato público en un campo arrasado, donde la negligencia fue norma y la corrupción, regla.
Lo hallado en los ministerios es propio de un régimen que decidió marcharse dejando tierra quemada. Oficinas sin computadoras, sin teléfonos, sin documentos esenciales; instituciones acéfalas; archivos borrados o sustraídos. Nada de esto ocurre por descuido. Es la señal inequívoca de una gestión que, hasta el último día, actuó con desprecio por la administración pública y por el país al que debía servir.
El Banco Central fue usado como caja chica del poder político, manipulando reservas y decisiones monetarias con una irresponsabilidad que hoy se paga en desconfianza, desorden y fragilidad económica. Pero lo peor se revela en los sectores donde las manos sucias dejaron huellas imposibles de ocultar. La intervención de Emapa expuso un cuadro indignante: una “deuda monstruosa” vinculada al subsidio de la harina, una ejecución inferior al 40% de un presupuesto gigantesco y una empresa que, pese a manejar miles de millones de bolivianos, terminó quebrada, sin liquidez y atrapada en 214 procesos administrativos. Todo apunta a un sistema montado para el desvío, la ineficiencia y la protección política. Los más de 934 millones malversados durante la gestión de Franklin Flores son la prueba de un saqueo institucionalizado.
Pero es en Entel donde la herencia alcanza proporciones indecentes. Que una empresa estatal haya habilitado más de 1.000 celulares robados la convierte en un eslabón directo de la delincuencia. Se identificó a 21 operadores de Datacom y trabajadores de la estatal que liberaron IMEI sin respaldo, violando normas básicas de seguridad y poniendo en riesgo a miles de ciudadanos. Lo intolerable es que los altos ejecutivos, alertados en septiembre, no hicieron absolutamente nada. Ni una sanción, ni una suspensión, ni una denuncia. El silencio cómplice fue la política oficial.
A eso se suma una estructura sindical que operó como mafia: acoso, abusos, pactos de impunidad y vínculos políticos que blindaron durante años a quienes debían ser investigados. Hoy, todos siguen en sus puestos, con acceso pleno a sistemas y usuarios. Es un insulto a la inteligencia y un golpe al Estado de derecho.
Estos hechos no pueden describirse como mala gestión. Son actos de desmantelamiento deliberado del Estado. Son decisiones que dañaron a millones de bolivianos, que pusieron en riesgo la seguridad alimentaria, la economía y la integridad de los ciudadanos. Es corrupción con nombre, apellido y consecuencias.
El país no puede virar la página sin justicia. No se trata de revisar errores: se trata de perseguir delitos. La reconstrucción institucional será imposible si no se desmantelan las redes que hicieron del Estado una cloaca. La impunidad no es una opción. Quienes destruyeron, robaron, encubrieron o se beneficiaron deben enfrentar a la justicia, sin privilegios ni pactos.
Bolivia merece saber toda la verdad. Y merece algo aún más urgente: que nunca más se permita que un gobierno use al Estado como botín y a los bolivianos como víctimas de su propia negligencia.