El caso de las 32 maletas retiradas irregularmente en diciembre pasado del aeropuerto internacional de Viru Viru, cuyo destino final y contenido siguen siendo oficialmente desconocidos, se ha convertido en una señal inquietante de las debilidades estructurales del Estado boliviano frente a hechos de alta gravedad y proyección transnacional. No se trata de un incidente menor ni de una anécdota administrativa cuando la referencia corresponde a un misterioso vuelo privado proveniente de Estados Unidos, de equipaje numeroso y diverso que salió del principal aeropuerto del país sin los controles claros que la ley exige y de un prolongado silencio institucional antes de que la información saliera a la luz pública, aunque dejando muchos cabos sueltos.
La primera alarma no es solo lo ocurrido, sino cuándo y cómo se conoció. Que un hecho de esta magnitud haya permanecido oculto durante tanto tiempo plantea preguntas incómodas sobre los mecanismos de control aeroportuario, la coordinación entre instituciones y, sobre todo, la posible existencia de redes de protección que permitieron que el caso permaneciera en las sombras. En un país que ha proclamado reiteradamente su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado, la opacidad resulta, como mínimo, contradictoria.
A ello se suma el avance lento y errático de las investigaciones a cargo del Ministerio Público. La ciudadanía asiste con escepticismo a comunicados parciales, filtraciones no confirmadas y promesas de esclarecimiento que no terminan de materializarse. Cuando un caso involucra a un lujoso jet privado, un origen extranjero y un manejo irregular del equipaje transportado, la sospecha de influencias políticas, económicas o institucionales no es un exceso de imaginación. Por el contrario, es una reacción lógica en un contexto donde el oscurantismo y la impunidad han sido, demasiadas veces, la regla y no la excepción.
Las dudas razonables sobre si el caso será completamente esclarecido no nacen del pesimismo, sino de la experiencia. Bolivia arrastra una larga lista de investigaciones sensibles que nunca llegaron al fondo del asunto ni identificaron a todos los responsables. El riesgo es que las 32 maletas se sumen a ese archivo invisible de escándalos inconclusos, donde los nombres clave nunca aparecen y las responsabilidades se diluyen en tecnicismos legales o en el paso del tiempo.
Por la naturaleza del hecho, sus posibles ramificaciones y su origen fuera de las fronteras nacionales, la investigación no puede ni debe limitarse al ámbito interno. Resulta imprescindible solicitar e implementar una investigación internacional, con la participación de organismos especializados y con cooperación directa de los países involucrados. No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla con responsabilidad, reconociendo que ciertos delitos modernos operan en redes que superan la capacidad de un solo Estado.
La transparencia no es una concesión política, es una obligación democrática. Esclarecer qué contenían esas maletas, quiénes autorizaron su salida, quiénes las recibieron y con qué propósito no es solo una demanda periodística o ciudadana. Es una necesidad imperiosa para recuperar la credibilidad de las instituciones y para enviar un mensaje claro de que en Bolivia no existen rutas privilegiadas para la ilegalidad.
Si este caso termina archivado o reducido a responsabilidades menores, el daño será profundo y duradero. Pero si se asume con seriedad, cooperación internacional y voluntad política real, aún puede convertirse en un punto de inflexión. Las 32 maletas no deberían ser recordadas como un misterio más, sino como la prueba de que el país, a través de sus autoridades y entidades competentes, está dispuesto a develar y enfrentar la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.