Si bien las instituciones públicas no quiebran, no existe la menor duda de que la actual gestión municipal de Santa Cruz de la Sierra sí quebró. La Alcaldía más grande del país y que administra un presupuesto anual cercano a los Bs 4.800 millones, casi el doble de los otros municipios del eje central, se encuentra en bancarrota a consecuencia de la ineficiencia demostrada por el alcalde Jhonny Fernández.
A esta falta de capacidad para gobernar la comuna habitada por cerca de dos millones de personas, se suman otros males que demuestran el abandono en que se encuentra la municipalidad, como el incumplimiento de deberes, la falta de transparencia institucional, la escasa credibilidad de las autoridades y la corrupción. Estos elementos negativos despiertan la desconfianza de los contribuyentes, que se abstienen de cumplir con sus obligaciones tributarias porque temen que ese dinero termine en los bolsillos de malos funcionarios.
El “abandono” de la gestión municipal se evidencia en los números. Solo en sueldos y salarios, la Alcaldía arrastra una deuda con sus funcionarios que está por el orden de los Bs 180 millones. Según datos que figuran en el Sistema de Gestión Pública (Sigep), 11.000 trabajadores de áreas estratégicas de la comuna cruceña reclaman por sueldos atrasados desde hace cuatro meses, es decir no perciben sus haberes desde septiembre del año pasado.
A consecuencia de ese desfase, los prestadores de servicios del sector Salud se encuentran en un paro de actividades por 98 horas. Esta paralización de los hospitales públicos del primer y segundo nivel implica que por día más de 1.500 pacientes, en su mayoría de los estratos más pobres de la población, dejen de recibir atención médica oportuna y de calidad.
Justamente, por la demora en desembolsar los sueldos, el alcalde Jhonny Fernández enfrentó esta semana una orden de aprehensión emitida por un juez laboral de Santa Cruz de la Sierra. En una acción desesperada para dejar sin efecto la decisión judicial, el burgomaestre instruyó la reincorporación de 27 trabajadores que, además de no haber recibido el sueldo mensual correspondiente, habían sido despedidos de sus fuentes laborales.
Las deudas de la Alcaldía también alcanzan a empresas prestadoras de servicios, contratistas, proveedores, constructores, etc. La lista es amplia, incluso el concejal opositor José Alberti asegura que la deuda municipal a corto plazo supera los Bs 1.000 millones. En esa lista se encuadra el operador privado encargado de la recolección de basura en la ciudad, que espera el pago de Bs 200 millones desde hace más de seis meses. El edil, que es economista de profesión, afirma que la municipalidad se encuentra en una “quiebra técnica”.
Los problemas por deudas se acumulan cada día en la Alcaldía y el alcalde Fernández tiene escaso margen de acción, esto debido a que entre los meses de enero y marzo, prácticamente, se paraliza el pago de impuestos. Durante ese periodo la maquinaria municipal opera con los recursos de la coparticipación, es decir, de los que genera el Estado, y de los fondos que no fueron ejecutados el año anterior.
De acuerdo con las proyecciones políticas y económicas, la principal alcaldía del país, a la que se disputan 10 frentes políticos, se mantendrá en estado crítico posiblemente hasta el mes de abril, después de que asuman las nuevas autoridades. La crisis económica y de mala gestión alcanzó magnitudes insostenibles, incluso el propio Jhonny Fernández desistió de postularse a la reelección, tal y como ocurrió con el entonces presidente Luis Arce, ahora detenido en la cárcel de San Pedro.