No, no y 15 veces no. La persistente negativa al traslado del gobernador electo Luis Fernando Camacho a Santa Cruz de la Sierra ha superado cualquier argumento racional y se dilucida ya en el campo de la conveniencia política. La Justicia ordenó su traslado. Régimen penitenciario desconoció una y otra vez la disposición exponiendo una y mil excusas: bloqueos y falta de diésel, insuficiencia de recursos económicos para la compra de pasajes o el “riesgo” de protestas que impidan el retorno a La Paz del gobernador de Santa Cruz.
Sobre Luis Fernando Camacho no existe una sentencia condenatoria. El exlíder cívico, eso sí, afronta seis procesos judiciales en su contra. Aun así, lleva más de dos años y medio retenido en el penal de San Pedro de Chonchocoro en condición de detención preventiva, superando ampliamente los tiempos establecidos por ley para este tipo de situaciones excepcionales.
Esta prolongada e irregular situación jurídica ha sido observada por un grupo de trabajo de la ONU que consideró su detención como “arbitraria” además de sugerir que se “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos” ya que se le restringe la posibilidad de defenderse en libertad.
Ya en 2022, la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) observó “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar”, una medida que afecta tanto a Camacho como a otros procesados por diversas causas marcadas con tintes políticos.
La defensa legal que asiste al gobernador ha insistido en numerosas oportunidades que mantener a Camacho en Chonchocoro es un mensaje político que pretende criminalizar las luchas cívicas de 2019 en contra del fraude electoral. Este argumento se ve reforzado por la injerencia del ejecutivo con declaraciones constantes para justificar la postura asumida por Régimen Penitenciario. La posición asumida por diversas autoridades nacionales sobre el traslado del gobernador cruceño así lo reflejan.
Habrá que esperar qué determinaciones se asumen los próximos días. El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz fijó una nueva fecha, el 13 de agosto, para la audiencia por el caso “decretazo” y sugirió el traslado del gobernador con 10 días de anticipación, es decir, el próximo domingo.
La presencia de Camacho en Santa Cruz, aunque se encuentre recluido en Palmasola, despierta la incomodidad de muchos actores políticos. Más aún a escasos 20 días de las elecciones. Incluso alguno de los candidatos ya se refirió a su posible traslado como una interferencia clara en la campaña electoral.
A esta altura, nadie puede negar la sumisión de la Justicia al poder político nacional. Incluso el Evo Morales, en su desesperada defensa de Ruth Nina, ha declarado que en Bolivia se vive “una justicia sometida y utilizada como brazo represivo del Gobierno”. Lástima que el desmemoriado expresidente haya olvidado que fue su gestión de Gobierno la que agudizó la sumisión del poder judicial a los requerimientos políticos que emanaban desde plaza Murillo.
El nuevo Gobierno, elegido el próximo 17 de agosto, tendrá la difícil misión de reconstruir la confianza en una institución judicial desprestigiada. Y esta labor va mucho más allá de proclamar la consabida independencia judicial.