A primera vista, el problema del contrabando de combustible subvencionado en Bolivia suele presentarse como un asunto de delincuencia económica, una simple fuga de recursos motivada por las enormes diferencias de precio con los países vecinos. Pero reducirlo a eso es perder de vista su verdadera dimensión: se trata de un fenómeno estructural que está erosionando la seguridad energética nacional, debilitando las finanzas públicas y alimentando un círculo vicioso de escasez, desabastecimiento y malestar social.
El país subsidia la gasolina y el diésel para proteger a los hogares, abaratar el transporte y sostener los costos productivos. Sin embargo, cuando un litro que en Bolivia se vende a precio controlado puede revenderse varias veces más caro al otro lado de la frontera, la ecuación se descompone. En regiones fronterizas -y cada vez más también en rutas internas- el contrabando se ha convertido en un negocio tan lucrativo que supera, en incentivos, a muchas actividades formales. Es un drenaje constante que escapa a los controles estatales, debilitados por la falta de tecnología, la corrupción y por la persistente informalidad que caracteriza a buena parte de la economía boliviana.
Las consecuencias están a la vista. La escasez de combustibles no surge de la noche a la mañana. Es la manifestación visible de un sistema de distribución tensionado al límite. Cuando volúmenes significativos del carburante importado o refinado terminan fuera del país, el mercado interno queda desatendido. La respuesta del Estado suele ser reactiva -mayor fiscalización en puntos de venta, restricciones de carga, operativos policiales-, pero esas medidas, aunque necesarias, no alcanzan para contener un fenómeno alimentado por la diferencia de precios y por redes bien organizadas que operan con rapidez y discreción.
El desabastecimiento afecta de manera desigual. En las ciudades, se traduce en largas filas, limitaciones para el transporte público y costos incrementados para la logística comercial. En el área rural, sin embargo, golpea de forma más severa porque paraliza la producción agrícola, encarece el transporte de mercancías y debilita la seguridad alimentaria. Cada tractor detenido, cada camión que espera días para cargar diésel, repercute en precios más altos para productos esenciales. La cadena productiva se ralentiza y el país entero paga la factura.
Más allá del impacto económico, la escasez erosiona la confianza. Un país que depende crecientemente de la importación de combustibles -y que a la vez subsidia su precio interno- no puede permitirse grietas que faciliten el contrabando. La percepción de que algunos se benefician de un recurso público para lucrar en mercados externos genera frustración y alimenta la polarización política. Y cuando la ciudadanía pierde confianza en la capacidad del Estado de asegurar el abastecimiento básico, la gobernabilidad misma se ve comprometida.
El contrabando de combustible, entonces, no es solo un delito condenable. Es un síntoma de un problema más profundo que exige respuestas estructurales. Implica repensar el sistema de subsidios, invertir en mejores controles fronterizos, digitalizar la cadena de suministros y promover acuerdos regionales que reduzcan los incentivos perversos. También demanda una estrategia de comunicación clara que explique a la población el costo real del subsidio y los riesgos de mantener un esquema insostenible.
Bolivia debe enfrentar este desafío con seriedad y visión de largo plazo. Porque mientras el contrabando siga vaciando depósitos y llenando bolsillos ajenos, la escasez seguirá golpeando a quienes menos tienen y el país continuará pagando, en todos los sentidos, el precio de su propia vulnerabilidad.