La abrogación del Decreto Supremo (DS) 5503 ha desatado un intenso debate cuyas lecturas oscilan entre dos extremos: un fracaso rotundo del Ejecutivo o una victoria cimentada en una astucia que evoca el mito griego de Troya. Simultáneamente, el conflicto ofrece perspectivas divergentes sobre la Central Obrera Boliviana (COB): ¿se trata de un resurgimiento de su relevancia política o de un intento desesperado por no ceder el protagonismo opositor ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)?
En este escenario, la gran ausente ha sido la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Pese a ser el órgano deliberativo del Estado por excelencia, fue ignorada en el tratamiento de temas que, por su naturaleza, debieron promulgarse mediante ley y no por el DS 5503. Sin embargo, el peso de la realidad política obligará ahora a que el Legislativo considere los proyectos de ley que el Ejecutivo remita para abordar los asuntos estructurales que el nuevo DS 5516 —consensuado con la COB— dejó pendientes.
Lejos de ser un simple “partero” en el nacimiento del DS 5516, la COB actuó como un agente activo que logró proyectar su influencia sobre el futuro trámite legislativo. Al intervenir, no solo aseguró su participación en la discusión de los temas pendientes, sino que reacomodó el tablero de poder, imponiéndose nuevamente en el escenario político como opositor con la seguridad y convicción que el gobierno también lo entiende así.
Las matemáticas son crueles con las ilusiones. Es un espejismo creer que ganar una segunda vuelta garantiza gobernabilidad. Aunque el presidente obtuvo más del 54% de los votos en la segunda vuelta, la Asamblea —elegida en primera vuelta— cuenta una realidad menos auspiciosa: el oficialismo solo obtuvo el 38% de Diputados y el 44% del Senado. Esta debilidad estructural se ve agravada por la falta de una trayectoria partidaria e identitaria común, lo que imposibilita la disciplina interna y el surgimiento de liderazgos parlamentarios sólidos. Sumado a esto está la ruptura entre el presidente y el vicepresidente a solo dos meses de gestión lo que ha catalizado un fraccionamiento en el bloque oficialista y así, volviendo a las matemáticas, el apoyo de la alianza “Unidad” ayuda, pero no alcanza.
Bajo esta premisa, el Ejecutivo recurrió al DS 5503 repitiendo el patrón del DS 4290 del gobierno de la presidente Áñez: ante la falta de control legislativo, se opta por decretos de emergencia —el primero por el COVID y el segundo por la crisis económica etc., — que terminan siendo derogados por presión social. Sin embargo, la oposición extraparlamentaria, conformada por la COB y la CSUTCB, que también padecen fragmentaciones internas tuvieron la astucia de coordinar sus esfuerzos estratégicamente. Mientras la COB, “como agregador de descontentos diversos” como indica Gonzalo Colque, concentró su presión mediante el asedio a El Alto y en la sede de gobierno, la CSUTCB y otras organizaciones campesinas paralizaron el país con el control efectivo de los bloqueos de caminos.
En última instancia, el repliegue del gobierno frente al DS 5503 confirma que la legitimidad de las urnas es inoperante si no se traduce en una capacidad real de gestión política y legislativa. La crisis ha desnudado lo que muchos analistas advirtieron: un gobierno que intenta imponer una agenda económica fundacional sin contar con los recursos políticos está condenado a la parálisis. Al eludir a la Asamblea y preferir el atajo del decreto, el Ejecutivo creó una brecha democrática que no solo fracturó la arquitectura institucional, sino que terminó pavimentando el camino para que actores extraparlamentarios asuman el rol de árbitros del destino económico del país.
La COB y la CSUTCB han vuelto a hacer lo que saben hacer, demostrado que, en ausencia de canales institucionales fluidos, el asedio y el bloqueo se convierten en las únicas herramientas de negociación efectivas, lo cual degrada la democracia a una simple medición de fuerzas en las calles.
La lección es clara: en un país con una representación legislativa fraccionada e inoperante, el Estado queda como rehén de una pugna de poder entre la astucia de unos y la impericia de otros. A esta debilidad institucional se suma una estrategia comunicacional gubernamental errónea que optó por transformar al opositor, con quien acabó transando, en un enemigo interno.
Para un gobierno que se ha tropezado con un decreto fundacional desprolijo que ni siquiera fue publicado en extenso en la Gaceta Oficial, centrar su defensa en una narrativa que —como señala Wilmer Machaca— ‘no busca explicar, sino acusar; no informa, sino que moraliza’, solo ha servido para profundizar la brecha democrática que padecemos. Como indica Ricardo Hausmann, escribiendo en The Economist el 10 de enero 2026, “la prosperidad no viene del petróleo, decretos o gobernantes benevolentes”.
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