Mirar al pasado es una función biológica y psicológica: lo usamos para reducir la incertidumbre y tratar de anticipar el futuro. Sin embargo, Paul Valéry ya advertía en 1918 que el futuro no puede inferirse mecánicamente del pasado; Arthur C. Clarke retomó esa idea para mostrar cómo el progreso tecnológico desborda cualquier previsión, y el movimiento punk la convirtió en una crítica a las promesas incumplidas del progreso. En Bolivia, hoy, esta limitación se ve agravada por una ceguera estadística voluntaria.
En los próximos meses, el país recibirá las estadísticas económicas de 2025 —ventas, recaudación, depósitos, cartera bancaria y situación patrimonial y financiera de los sectores público y privado— que servirán de base para proyectar escenarios y expectativas para 2026. Sin embargo, estas proyecciones nacerán viciadas por un error estructural: con una inflación superior al 20% en 2025, según el INE, los datos de 2024 y 2025 no son directamente comparables. El uso de cifras nominales sin ajuste por inflación introduce una distorsión que impide comprender la evolución económica real.
Hasta 2021, Bolivia aplicaba el ajuste por inflación contable. Su suspensión, bajo el argumento de que la inflación era inexistente, generó distorsiones crecientes: las cifras de 2024 presentan una desviación cercana al 10% respecto a 2023, y las de 2025 superan el 20% frente al año anterior. Esta pérdida de comparabilidad invalida cualquier análisis de un estado financiero y/o estadísticas económicas basado en moneda nominal.
El problema tiene un origen más profundo. En 2011, el Ministerio de Economía se opuso a actualizar las Normas de Contabilidad (NC) locales a los estándares internacionales, ya que estos permiten registrar deterioros en el valor de los activos, lo que reduciría la base imponible fiscal con resultados negativos en las arcas estatales. Como resultado, la brecha entre las NC locales y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es significativa. Mientras las NIIF se basan en principios destinados a reflejar la realidad económica y el valor razonable (fair value), la normativa boliviana conserva un enfoque tradicional, fuertemente condicionado por criterios tributarios y regulatorios que favorecen a sus supervisados para que registren un nivel de solvencia que no necesariamente poseen.
Esta disonancia se refleja con claridad en el sistema financiero. Las NIIF exigen valorar las carteras crediticias en función del valor presente de los flujos futuros, mientras que la normativa local de la ASFI se apoya en un análisis retrospectivo (ex post) del comportamiento crediticio. La diferencia entre ambas metodologías es sustancial y distorsiona significativamente el valor razonable del principal activo de una entidad financiera.
A ello se suma el efecto inflacionario sobre la evolución de la cartera crediticia. Entre 2023 y 2025, mientras que en términos nominales la cartera creció aproximadamente Bs 12.000 millones, en términos reales —ajustados por poder adquisitivo— se contrajo en Bs 44.000 millones. Esta brecha erosiona los ingresos financieros reales de la banca, que deberían ser re expresados para reflejar adecuadamente su exposición a la inflación.
Las distorsiones también alcanzan a las finanzas públicas. Los impuestos directos se calculan sobre precios de venta reales (ya actualizados por inflación), mientras que el gasto público, en términos reales, suele ajustarse con rezago. A nivel municipal, el descalce es aún más evidente: la base imponible de los inmuebles se actualiza anualmente por inflación (mediante las UFV), con incrementos proyectados superiores al 20% para 2026. Sin embargo, el valor real de mercado de esos inmuebles ha caído, debido a la devaluación del boliviano frente al dólar y a la contracción del crédito. Así, el Estado protege sus ingresos ajustando las bases imponibles, aun cuando estas ya no reflejan el valor razonable de mercado.
En este contexto, proyectar el futuro económico a partir de datos históricos no ajustados en moneda constante resulta deliberadamente evasivo. Por ello, es cuestionable que el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia haya descartado retomar el ajuste por inflación bajo el argumento de que en 2025 no hubo “hiperinflación”. La consecuencia es clara: estados financieros expresados en una moneda devaluada, sin comparabilidad real ni valor analítico.
En su reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, el ministro de Economía afirmó que Bolivia arrastra una imagen internacional equivocada y que revertirla no depende de discursos, sino de “reglas claras, coherencia económica y resultados visibles”. Entre esas “equivocaciones” se encuentra, sin duda, la distorsión sistemática de las cifras que se generan en Bolivia.
Si Bolivia aspira a atraer inversión privada, debe demostrar entre tantas otras cosas, coherencia en sus estadísticas abandonando contabilidades tergiversadas, politizadas y debe adoptar de forma integral el concepto de valor razonable toda información financiera y estadística como en la determinación impositiva. Bolivia se insertará en el mundo —y el mundo en Bolivia— con normas internacionalmente aceptadas y, dado sus niveles actuales y esperados de inflación, con todas sus estadísticas expresadas y analizadas en moneda constante.
Cueste a quien le cueste.