El despilfarro de los dólares obtenidos con la nacionalización de las empresas capitalizadas que invirtieron en exploración de gas representa otra oportunidad perdida -una más- para poder desarrollarnos. Y la explicación de nuestro atraso está en “¿Por qué fracasan los países?” (2012) de los últimos premios Nobel en Economía: fracasan porque en sus economías predominan reglas de juego extractivas en vez de inclusivas.
En nuestro caso, estas reglas del juego extractivas consisten primordialmente en que el progreso no depende del esfuerzo de la gente -que en su mayor parte se desperdicia en la informalidad- sino de la casualidad de encontrar recursos naturales, extraerlos y vivir de la renta que ello genera, renta que, bajo modelos estatistas y “cooperativistas”, no se orientó principalmente a la inversión sino al consumo, beneficiando sobre todo a los que controlaban el poder político.
Pero la experiencia mundial demuestra que la única manera de progresar sosteniblemente es que la economía se base en el esfuerzo y la innovación de sus habitantes a través de empresas privadas, y que todos tengan igualdad de oportunidades para adquirir conocimientos actualizados y aplicarlos en el trabajo y la innovación. Para superar el atraso debemos cambiar las reglas del juego de nuestra economía en esa dirección.
Uno de los aspectos en que se manifiesta el rentismo en Bolivia es el financiamiento de sus gobiernos subnacionales: no se origina en los aportes de los ciudadanos a dichos gobiernos sino en su mayor parte proviene de rentas de recursos naturales y transferencias del gobierno central. En lo que se refiere a los municipales, un estudio realizado en 2016 (Finot I., FES-Plural) muestra que el 30,2% de sus ingresos provenía de impuestos y otros ingresos propios, y el 69,8% de transferencias. Pero los ingresos provenientes de impuestos correspondían casi exclusivamente a los grandes centros poblados, mientras la gran mayoría de los municipios era casi totalmente dependiente de las transferencias. Y había una gran desigualdad en la distribución de éstas: la diferencia de ingresos fiscales por habitante entre municipios variaba de 1 a 3,8.
En cuanto a los gobiernos departamentales, al contar solo con el impuesto sobre herencias, los ingresos provenientes de impuestos y tasas solo representaban el 1,9% y los de rentas el 86,6%: 52,4% de regalías y 34,2% de transferencias del gobierno central. Y, en este caso, los ingresos fiscales por habitante de la gobernación de Tarija eran 15,1 veces superiores a los de La Paz, 11,5 a los de Cochabamba y 9,3 veces a los de Santa Cruz.
La caída de las exportaciones de gas ha determinado que actualmente los ingresos de los gobiernos municipales, y más aún de los departamentales, hayan disminuido significativamente. Y el descenso de la producción de hidrocarburos llegará al extremo de tener que importar gas desde 2028 (Velázquez R. 2025, Jubileo), lo que seguirá impactando negativamente a los ingresos de los gobiernos subnacionales.
Los dos frentes ganadores de las elecciones en primera vuelta ofrecen incrementos en la disponibilidad de recursos de los gobiernos subnacionales: el PDC propone el 50% del total del gasto público y Libre hasta el 62%. Pero si no cambian las reglas del juego ello solo aumentará el rentismo y la desigualdad. Y la inestabilidad de los ingresos. Y, al contrario, si se lo hace en la dirección que se propondrá -instituciones inclusivas- se puede empezar a sentar las bases para el desarrollo sostenible.
Para abandonar el rentismo los recursos de los gobiernos subnacionales deben consistir fundamentalmente en aportes de los ciudadanos a estos gobiernos, y todos los demás ingresos ser subsidiarios en relación con estas decisiones. Los municipales ya cuentan con impuestos adecuados, pero no los departamentales: debe crearse un impuesto departamental cuya base compartida con el gobierno central sean los ingresos de sus ciudadanos. Eso les dará verdadera autonomía.
Y, a fin de garantizar igualdad de oportunidades, el sistema de transferencias debe reorientarse de modo que, para cada autonomía, a igual aporte por habitante -ponderado según sus respectivos niveles de pobreza y carencias- corresponda igual gasto. Y en salud y educación llevar la descentralización hasta nivel de establecimiento, y que las transferencias del nivel central tengan el objetivo de que todos los habitantes del país tengan garantizado un nivel mínimo similar –y creciente- de satisfacción.