La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) advierte de que el proyecto de modificación a la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), propone asignar a un solo magistrado la revisión y resolución de acciones de libertad, amparos y otros. Consideran que esta propuesta es “riesgosa”, ya que otorgar el poder a una sola persona genera falta de equilibrio al momento de tomar decisiones, incluso la autoridad quedaría propensa a presiones y posible corrupción.
El anteproyecto de ley señala en el Capítulo VII la creación de Despachos de Jurisdiccionales a cargo de un magistrado, otorgándole la función de revisar los expedientes y resoluciones emitidas por los jueces y tribunales de garantías constitucionales en las acciones tutelares.
En el Capítulo VIII se propone sustituir la Comisión de Admisión del TCP con el Despacho de Admisión, integrado también por un solo magistrado y en los departamentos se pretende reemplazar las Salas Constitucionales por Juzgados Constitucionales unipersonales.
“Si esta jurisdicción va a estar conformada por una persona que va a decidir y otra que resuelve hay mucho más riesgo de error. Es menos probable que entre dos o tres cometan ese error, es bueno que haya equilibrio. También se incrementa el riesgo de presiones. Es más fácil presionar a una persona que a dos o tres; hay que evitar la corrupción”, alertó el presidente de la ABEC, Arturo Yáñez.
Yáñez afirma que estas propuestas son un retroceso y que no se puede “sacrificar los derechos de los ciudadanos” a título de querer dar agilidad a la carga procesal “gravísima” en el TCP.
Para el constitucionalista Jorge Asbún, lo óptimo sería que dos personas revisen los amparos, como establece la actual ley, y lo ideal tres autoridades para que resuelvan la causa de manera oportuna, ya que se trata la vulneración o no de un derecho.
“En Bolivia no solo se necesita que se resuelva más rápido, sino que se resuelva guardando las líneas jurisprudenciales. No podemos apuntalar a un solo pilar y dejar a los otros caer, no funciona así”, argumentó Asbún.
Mencionó que la ciudadanía recurre al TCP como última instancia para resolver un caso. Por eso se requiere un tratamiento adecuado y no solo con celeridad.
El anteproyecto se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Aún no se ha tratado porque se encuentran trabajando en la elección del Defensor.
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