“Si inhabilitan a Evo, va a haber convulsión. Si quieren eso, pues, esa será la responsabilidad del Gobierno”, advirtió hace unos días el expresidente Evo Morales, confirmando así su preocupación por una posible inhabilitación de su candidatura para las elecciones de 2025, por parte de una justicia que paradójicamente le ha sido obsecuente en los últimos años.
Morales no puede con su genio. Su obsesión por retornar al poder lo lleva a recurrir a amenazas incendiarias, tal como lo hizo cuando huyó a México en 2019, desde donde instigó a sus seguidores a convulsionar el país y cortar el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Ahora ha dicho que “esta clase de luchas solamente se ganan con acción de masas”.
Estas declaraciones se produjeron en torno a los festejos por los 29 años del Movimiento Al Socialismo, que las facciones arcistas y evistas celebraron por separado. El presidente Arce respondió a las amenazas de Morales con otra referencia a la exaltación popular: “Los nuevos golpistas que quieren tomar el poder por las buenas o por las malas, van a recibir una respuesta del pueblo boliviano”, declaró durante un acto conmemorativo en Vallegrande.
Mientras tanto, Morales recibía el respaldo de sus seguidores en Yapacaní, donde fue proclamado candidato del MAS para las elecciones presidenciales. Los dirigentes evistas aseguraron que defenderán su instrumento político en las calles o carreteras, si es necesario.
Es evidente que la celebración del aniversario del MAS se convirtió en una demostración de apoyo popular por parte de ambas facciones. Sin embargo, este respaldo también sugiere que ambas están dispuestas a buscar la representación del partido en las calles en lugar de hacerlo a través de elecciones internas democráticas.
Es poco probable que la estrategia de convulsionar el país, que ayudó al MAS a llegar al poder en los años 2000, funcione nuevamente. Sin embargo, desde sus respectivos bastiones políticos, estas facciones pueden causar graves daños económicos y sociales a la población boliviana con sus bloqueos, como lo han hecho en los últimos conflictos. Las arengas de sus líderes solo causan angustia a los bolivianos, que ya enfrentan grandes dificultades en su vida diaria.
Desafortunadamente, lo que se escuchó en estas celebraciones divididas del MAS es un indicio de lo que está por venir. No se vislumbra una solución dentro del marco democrático, especialmente debido al desprestigio de la justicia, que suele favorecer a quienes ostentan el poder. Durante el gobierno de Evo, el TCP determinó que la reelección indefinida era un derecho humano, pero bajo el gobierno de Arce, ese mismo tribunal se retractó.
Todo indica que Morales continuará incitando a la violencia entre sus seguidores para lograr su objetivo, confiando en cierta impunidad. Recordemos que la justicia ha acusado y encarcelado a cientos de personas por la crisis política de 2019, pero Morales no ha sido convocado a declarar, a pesar de ser un testigo clave de esos sucesos. Ahora, le tocará probar de su propia medicina cuando la justicia le dé la espalda a sus aspiraciones de regresar al poder. En Yapacaní, Morales cerró el acto con sus seguidores insistiendo en que no está inhabilitado para ser candidato, e incluso mencionó el respaldo de tres expresidentes de otros países.
Esta etapa preelectoral continuará marcada por el divisionismo dentro del MAS, mientras que los partidos de oposición solo se limitan a criticar al partido en función de Gobierno. El panorama está lleno de incertidumbre por estas posiciones irreconciliables y amenazantes.