El director jurídico de la Defensoría del Pueblo, Mauricio Soto, presentó este jueves una denuncia en contra de personeros de la Iglesia Católica y los servidores públicos de la maternidad Percy Boland, y también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, porque supuestamente fueron los que impidieron la interrupción del embarazo de una niña de 11 años que fue violada por el padre de su padrastro.
La denuncia, que fue presentada en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, contempla los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y por trata de personas.
Según Soto, con esto buscan que no queden impune los hechos de tortura que pasó la niña, dado que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) lo considera de esa manera a los embarazos forzados en niñas.
Por su parte, el delegado defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, manifestó que hubo presión sobre la niña, para que cambie el primer consentimiento que se había dado para la interrupción del embarazo. “Suspender un tratamiento que ya estaba en curso generará secuelas, además el embarazo de una menor de 11 años se considera una tortura”, remarcó.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció también la presentación de acciones legales en el ámbito internacional. “La Defensoría del Pueblo en el marco de su compromiso con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar tres acciones legales”, anunció Cruz.
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Los delitos denunciados son; incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y acciones de constitucionalidad y trata de personas.