Mientras las filas por gasolina se reducen progresivamente en varias regiones del país, las largas esperas para acceder al diésel continúan. Para Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la causa principal no es la falta de despacho, sino el fenómeno del acopio masivo por parte de sectores productivos, especialmente el agroindustrial y el minero.
“Cuando uno acopia gasolina, hablamos de 20 a 40 litros para un auto. Pero en el caso del diésel, los camiones pueden almacenar entre 200 y 300 litros. Y si hablamos del agro o la minería, el acopio va desde los 2.000 hasta los 20.000 litros para garantizar su operatividad”, explicó Dorgathen en una conferencia de prensa.
Esta diferencia sustancial en los volúmenes de almacenamiento complica, según dijo, la posibilidad de normalizar rápidamente la distribución.
Dorgathen insistió en que el despacho de combustibles en el país alcanza actualmente el 100% de la capacidad asignada. Sin embargo, reconoció que esa cobertura máxima no basta para reducir las filas con mayor celeridad. “Si tuviéramos más recursos del Ministerio de Economía, podríamos despachar un 110%. Con eso, en una semana o diez días, las filas se eliminarían”, apuntó.
Aunque YPFB garantiza el suministro según lo presupuestado, la elevada demanda generada por el acopio actúa como un “cuello de botella”, especialmente en regiones agrícolas y mineras donde las operaciones requieren grandes volúmenes de combustible para evitar interrupciones.
“La solución estructural para el tema del combustible no es prestarse plata ni algo que se va a resolver en 100 días. Requiere una transformación de fondo”, concluyó Dorgathen, dejando entrever que el modelo de provisión actual ya no responde a las exigencias de los sectores más demandantes de energía.
La escasez de combustibles, en particular de diésel, se ha vuelto crítica en las últimas semanas, afectando el transporte pesado, la logística agrícola, la minería y el abastecimiento urbano. Las largas filas en estaciones de servicio de todo el país se han convertido en una escena cotidiana.
La situación ha generado protestas, bloqueos de cisternistas y un aumento en los costos de transporte, lo que también se traslada al precio de los alimentos y bienes esenciales. El Gobierno ha implementado medidas de emergencia, pero el problema persiste.