El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó este jueves que la estatal pondrá a disposición de la Comisión de la Verdad II toda la documentación que sea requerida en relación con los procesos de adquisición de combustibles y los cuestionamientos sobre su calidad.
“YPFB abrió sus puertas a la Comisión de la Verdad, ahora se ha vuelto a instalar y en esa misma comisión lo vamos a hacer, no tenemos ningún inconveniente, no hemos hecho nada malo, lo que se ha hecho es todo lo malo del pasado”, dijo la autoridad a la agencia gubernamental de noticias ABI.
La conformación de la Comisión de la Verdad II fue anunciada por el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, quien precisó que se enviarán cartas oficiales a las cámaras de Diputados y del Senado para que acrediten a sus representantes.
De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría, la comisión tendrá la tarea de esclarecer los hechos vinculados a los procesos de adquisición de carburantes, así como los factores que habrían provocado la distribución de combustible contaminado en el mercado interno.
Akly recordó que, al momento de asumir la presidencia de la estatal, el país atravesaba un escenario de desabastecimiento de carburantes y escasez de divisas, situación que —según indicó— derivó en conflictos y protestas.
“20 años nos han destruido esta empresa, esta es una empresa técnica, no es política y dentro de esa gestión que estamos llevando adelante, cualquier instancia que nos convoque nos vamos a presentar, tenemos toda la información”, afirmó.
Asimismo, cuestionó que se difunda información que, a su criterio, tergiversa los datos sobre los contratos de provisión de crudo, señalando que dichos acuerdos fueron suscritos en la anterior gestión.
Denuncia de Lara
El vicepresidente Edmand Lara presentó el miércoles una denuncia penal contra el presidente de la estatal, Yussef Akly, ante la Fiscalía de La Paz por presuntos actos de corrupción vinculados a contratos de compra de crudo y combustibles con “sobreprecio”.
Lara acusó a Akly de varios delitos, entre ellos conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes, y sostuvo que en tres meses se habrían generado sobreprecios que representarían un presunto daño económico al país estimado en millones de dólares.
Además de solicitar la aprehensión inmediata y la destitución del presidente de YPFB, el vicepresidente anunció que presentó como respaldo “los contratos que él mismo ha firmado” y advirtió con impulsarlos como parte de la investigación; por su parte, YPFB ha rechazado las acusaciones y asegura que no se han firmado contratos con sobreprecios.