La norma que permite la libre importación de combustibles no garantiza por sí sola la normalización inmediata del abastecimiento en Bolivia. Así lo advirtió el empresario del sector energético Sergio Kosky, quien explicó que, pese a la flexibilización legal, persisten “una serie de dificultades logísticas y de control” que encarecen las operaciones privadas.
Kosky recordó que, aunque desde 2008 la importación privada de diésel está despenalizada, en la práctica el proceso “fue una aventura”. “Había que pasar por la Felcn, la Fiscalía, Sustancias Controladas y la ANH. Era una cortina de humo porque, aunque la ley lo permitía, el camino estaba lleno de trabas”, señaló.
Según el especialista, las importaciones privadas no superaron los 45.000 metros cúbicos en un año, principalmente destinadas al sector minero aurífero del norte paceño.
El empresario indicó que Bolivia consume entre 9 y 10 millones de litros de combustibles por día, de los cuales el diésel representa la mayor parte. Santa Cruz concentra el mayor consumo, especialmente en épocas de zafra. Koczki consideró que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe continuar con las importaciones, mientras que el sector privado puede actuar “en carácter de emergencia” para abastecer al agro y la minería, que pueden pagar precios internacionales.
“YPFB tiene la infraestructura de almacenamiento y la logística que un privado no tiene. Además, debe garantizar el suministro subvencionado a sectores que no pueden asumir precios internacionales”, subrayó.
El empresario señaló que el Gobierno comprometió que las cisternas estén listas para el 4 de noviembre y que el flujo de carga desde puertos de Chile, Argentina y Paraguay se regularice a partir del día siguiente. “Si logramos eficiencia en los viajes y rotación de cisternas, el abastecimiento podría normalizarse en una semana”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la falta de tanques de almacenamiento privados y la deficiente calidad del combustible importado siguen siendo problemas estructurales. “Se está comprando producto barato, con bajo estándar. El transporte sufre daños por un combustible de pésima calidad”, advirtió.
Respecto a los precios, Kosky reconoció que sería “traumático” un ajuste brusco hacia los valores internacionales, que superan el dólar por litro. “Pasar de 3,72 bolivianos a 10 o 12 sería un golpe fuerte. Hay sectores que podrían asumirlo, pero otros no. Debe hacerse de forma gradual para evitar un impacto social”, concluyó.