A pocos días de concluir su mandato, tres ministros defendieron la gestión del presidente Luis Arce como si el país no estuviera enfrentando una de las peores crisis económicas en dos décadas. Los funcionarios aseguraron que el Gobierno deja un “país productivo y estable” y con dólares, aunque la falta de divisas, los racionamientos de diésel y los problemas de abastecimiento muestran una realidad mucho más compleja.
Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia conjunta ofrecida por los ministros de Planificación, Sergio Cusicanqui; de Desarrollo Rural, Yamil Flores; y de Economía, Marcelo Montenegro.
Cusicanqui informó que el Ejecutivo deja más de $us 1.800 millones en créditos externos, gestionados durante la administración de Arce, para ser ejecutados por el próximo Gobierno.
Entre los más recientes mencionó un crédito de 24,1 millones de euros con la Unión Europea para fortalecer la producción de semillas de maíz, arroz, maní, frejol y la propagación de cacao, plátano y piña en municipios fronterizos de La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz. También anunció un préstamo de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sustituir el alumbrado público por focos LED en ocho municipios, entre ellos El Alto, Trinidad y Cobija.
Sin embargo, el ministro no omitió la línea discursiva que ha marcado al Gobierno en sus últimos meses: culpar a la Asamblea Legislativa del estancamiento económico. “Ha habido un boicot político, un bloqueo económico desde la Asamblea”, afirmó Cusicanqui, asegurando que el retraso en la aprobación de créditos habría provocado los actuales problemas de provisión de combustibles y la escasez de dólares.
El titular de Planificación insistió en que el Gobierno continuará trabajando “hasta el último día de gestión” en la consolidación de estos financiamientos, que —dijo— representan una importante fuente de ingreso de divisas para la economía nacional. “Los créditos externos son una de las principales fuentes de divisas del país, y eso es lo que estamos dejando como herencia para el nuevo gobierno”, aseguró.
Misma naratiiva
Por su parte, el ministro Yamil Flores siguió la misma narrativa. Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, defendió los programas productivos implementados bajo el proyecto “Marcha al Norte” y anunció un nuevo crédito de más de 21 millones de euros con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para municipios fronterizos vulnerables al cambio climático. Flores aseguró que la gestión de Arce “no fue egoísta” y que su prioridad fue “garantizar el alimento para el pueblo boliviano”, afirmando que el país es “autosuficiente” en productos como arroz, maíz y soya.
La afirmación contrasta con la realidad del campo boliviano. En los últimos años, la falta de combustible, los bloqueos de rutas y la escasez de fertilizantes afectaron la productividad agrícola, mientras los precios de alimentos básicos subieron por la presión inflacionaria y los costos de transporte. La inflación acumulada anual ronda el 18,33%, según datos oficiales, pero los productos de la canasta familiar —como el aceite, el arroz y el azúcar— registraron alzas mucho mayores por problemas logísticos y de abastecimiento.
El ministro también advirtió que sería “un error eliminar” su cartera, y acusó al Legislativo de haber bloqueado un crédito de $us 40 millones para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que según él habría permitido resolver el problema de los avasallamientos.
La economía boliviana, que durante la bonanza gasífera crecía a tasas del 5% anual, hoy apenas bordea el 2%, según estimaciones del FMI y analistas locales. A eso se suma una fuerte escasez de dólares en el sistema financiero, que ha obligado a empresas a recurrir al mercado paralelo, donde la divisa se cotiza por encima de los Bs 12,50, muy lejos del tipo de cambio oficial de 6,96.
Flores también advirtió que la política de libre exportación, planteada por el nuevo Gobierno, podría “poner en riesgo la seguridad alimentaria”, aunque no mencionó que el control de exportaciones impuesto durante el gobierno de Arce redujo la competitividad y desincentivó la inversión privada.
“Primero los bolivianos, luego el excedente”, repitió, defendiendo un modelo que, según economistas, asfixió al sector agroexportador y acentuó la dependencia del aparato estatal.
En esa linea, Montenegro, aseguró que el Gobierno saliente deja garantizado el presupuesto para la importación de combustibles hasta fin de año, descartando que el país quede sin recursos para sostener el suministro de diésel y gasolina durante el periodo de transición.
“El Gobierno nacional ha erogado hasta la fecha más de Bs 9.000 millones en la importación de combustibles. Se ha tomado previsiones para financiar estas compras, y hay presupuesto suficiente hasta diciembre”, afirmó.
Según explicó, los recursos provienen del Tesoro General de la Nación, con apoyo del Banco Central de Bolivia (BCB) y del sistema financiero, principalmente a través del Banco Unión.
“Dejamos el presupuesto para que las nuevas autoridades puedan gestionar la importación si lo consideran conveniente”, añadió.
En esa misma línea, advirtió que “levantar la subvención puede tener una consecuencia sobre la inflación. Si primero se estabiliza el tipo de cambio, se hace una ordenada subvención y se repone a quienes se ven afectados por aquello, esto puede lograr menor impacto; que hacerlo de golpe.
Análisis
El economista Germán Molina puso en duda la narrativa del Gobierno saliente que asegura dejar al país con estabilidad macroeconómica, suficientes reservas y combustible garantizado. A su juicio, los ministros presentaron datos incompletos y omitieron los problemas estructurales que enfrenta la economía boliviana.
Según Molina, las cifras fiscales que muestran un déficit de 3,5% del PIB al primer semestre no son representativas porque la ejecución presupuestaria real se concentra entre noviembre y diciembre. “El Gobierno no ha presentado información sobre la deuda flotante, que debe estar elevadísima”, explicó, refiriéndose a los compromisos asumidos por las entidades públicas con empresas privadas sin pago efectivo. “Ese desfase entre lo devengado y lo pagado muestra que el Estado debe mucho más de lo que reconoce”, subrayó.
El analista también observó inconsistencias en la información sobre las reservas internacionales del Banco Central (BCB). Si bien admitió que el valor de las barras de oro aumentó —de 2.500 a más de 4.000 dólares la onza troy—, aclaró que la liquidez efectiva apenas ronda los 173 millones de dólares, monto que, según dijo, “no alcanza ni para cuatro meses de importaciones”.
Molina señaló que la baja ejecución de la inversión pública y la falta de desembolsos externos reflejan el deterioro de la capacidad fiscal del Estado. Además, aseguró que los datos oficiales del INE muestran un panorama negativo para la economía.