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Soboce niega venta de combustible a terceros y defiende su rol en la cadena de producción

Martes, 22 de julio de 2025 a las 14:46

La cementera rechaza acusaciones de transportistas sobre supuesta comercialización ilegal de diésel importado. Asegura que el combustible se destina exclusivamente a sus operaciones internas y advierte sobre riesgos para la industria de la construcción.
 

Ante las recientes acusaciones de dirigentes del transporte pesado, que señalan a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce S.A.) de importar combustibles para revenderlos a terceros, la empresa emitió un comunicado en el que niega categóricamente esa versión y exige la retractación de quienes lanzaron las denuncias públicas.


“La empresa niega, de la manera más enfática y categórica, que el combustible que importa legalmente esté siendo vendido a subcontratados”, expresa el documento difundido este martes. La compañía considera que las declaraciones de algunos representantes del transporte pesado son “irresponsables” y carecen de sustento.


Soboce aclaró que su decisión de importar carburantes está amparada en la normativa vigente que permite al sector privado acceder directamente a este insumo a través de distribuidores autorizados. Según el comunicado, el combustible adquirido es utilizado exclusivamente para el funcionamiento interno de sus plantas y canteras.


El suministro de combustible está destinado a garantizar las operaciones internas de nuestras plantas y canteras. Los carburantes se usan para el equipo pesado, así como la flota propia de camiones mixers, bombas, cisternas graneleras y camiones trailers”, detalló la empresa.


La cementera explicó que su objetivo es mantener activa la cadena de valor, proteger miles de empleos y asegurar el abastecimiento de cemento en Bolivia, un insumo clave para la industria de la construcción, en un contexto nacional marcado por la escasez de diésel y gasolina.


El pronunciamiento se da en medio de un clima tenso por los problemas de suministro de combustibles y el incremento en la participación privada en las importaciones, una medida impulsada por el Gobierno ante las dificultades de la estatal YPFB para cubrir la demanda interna.


 

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