Los principales dirigentes del sector agropecuario de Santa Cruz y a escala nacional advirtieron este martes que la retirada de avasalladores de tierras productivas es solo temporal y exigieron al Estado reducir drásticamente los plazos de saneamiento, que hoy pueden extenderse hasta 15 y 20 años.
En una conferencia de prensa conjunta en Santa Cruz, los productores coincidieron en que la falta de seguridad jurídica y de instituciones técnicas está golpeando la producción de alimentos y profundizando la crisis económica.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, fue el más enfático al señalar que el sistema de saneamiento “no está ayudando a tener resultados” y cuestionó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mantenga en incertidumbre jurídica incluso a predios con títulos consolidados. “Hoy por hoy titular una propiedad tarda 15 o 20 años”, reclamó, y alertó que esa demora es utilizada por avasalladores para justificar tomas ilegales con el argumento de que “esta tierra todavía no está titulada”.
Ruiz remarcó que el problema no termina con los operativos de desalojo. “Hoy han ido a los predios y resulta que no hay aprehendidos ni sentenciados. La Policía se retira y el productor queda expuesto”, afirmó. Según explicó, en muchos casos los grupos irregulares “vuelven dos o tres días después a amenazar, secuestrar o amarrar a los propietarios”, una situación que —dijo— encarece los alimentos y desalienta la inversión. “No puede quedar a medias; de lo contrario, los productores quedan indefensos ante personas que no tienen problema en usar armas”, advirtió.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció que los avasallamientos ya no son un problema exclusivo de Santa Cruz, sino que se replican en departamentos como Cochabamba y Tarija. “Tenemos oficialmente más de 90.000 hectáreas avasalladas en Santa Cruz, correspondientes a al menos 72 predios reportados por la CAO”, precisó, y cuestionó quién asume las pérdidas económicas y los costos de los desalojos. “¿Quién repone todos los daños que están haciendo los avasalladores?”, cuestionó.
Frerking alertó además sobre el incremento de la violencia y recordó los hechos de Las Londras, donde en 2021 periodistas y policías fueron secuestrados y golpeados. “Eso es lo que vive un productor: miedo, amenazas y mafias incrustadas. Sin inversión no va a haber futuro, y el país necesita producir más para salir de esta crisis”, sostuvo.
En ese contexto, destacó y agradeció la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien encabezó el operativo policial de desalojo en Las Londras. No obstante, expresó preocupación porque al llegar el contingente “ya no estaban los avasalladores”, lo que refuerza el temor de que el repliegue sea momentáneo y los grupos ilegales regresen luego a amedrentar.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, señaló que varios de los predios afectados están en el norte cruceño y producen soya, incluso en plena campaña. “Han sufrido amedrentamientos y ataques armados por grupos delincuenciales”, denunció, y coincidió en que los operativos deben ser sostenidos en el tiempo. “Esto no es de corto plazo; tiene que ser un trabajo constante y estratégico entre varias instituciones para lograr resultados contundentes”, afirmó.
En un segundo eje del pronunciamiento, los dirigentes coincidieron en la necesidad de contar con instituciones técnicas y no políticas. Frerking fue enfático al pedir “un INRA totalmente técnico que haga cumplir la ley” y extendió la demanda a otras entidades clave como el Senasag, el INIAF y la ABT. “Estas instituciones tienen que ser manejadas técnicamente y no políticamente. Ya se hizo política con la tierra durante muchos años”, sostuvo, al advertir que la falta de idoneidad frena habilitaciones sanitarias y el acceso a mercados.
Ruiz reforzó ese planteamiento y cuestionó que cargos estratégicos se asignen por “deudas políticas”. “Queremos un Senasag que nos represente ante el mundo y un INRA que concluya de una vez el saneamiento, que hasta ahora ha sido fallido”, insistió, al comparar que en el área urbana una transferencia se consolida en meses, mientras que en el área rural no hay fecha cierta para recibir un título.
Finalmente, los productores reclamaron la conformación de la Comisión Agraria Departamental, un espacio que —según indicaron— no pudo reunirse durante más de una década porque la secretaría estaba a cargo del INRA. Esperan que la designación de nuevas autoridades permita su instalación, para transparentar datos sobre la administración y distribución de tierras. “Tiene que ser un espacio de diálogo e información pública. Necesitamos saber cómo se manejó la tierra en Bolivia”, concluyó Frerking.