Con petardos, pancartas y una marcha que recorrió el centro paceño, representantes y trabajadores de empresas constructoras y de gremios de ingenieros se movilizaron este miércoles hasta puertas del Ministerio de Economía para exigir un ajuste de precios en las obras públicas, una medida que —advirtieron— es clave para evitar el colapso del sector y la paralización casi total de las empresas constructoras del país.
La protesta fue encabezada por la Cámara de Constructores de La Paz y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), cuyos representantes alertaron que el incremento de hasta el 100% en los costos de materiales y la eliminación de la subvención a los combustibles han vuelto inviables los contratos vigentes, firmados con montos y plazos fijos. “Nos vemos en un estado de emergencia debido a que desde el año pasado hemos recibido el golpe del incremento de absolutamente todos los materiales”, afirmó Jaime del Llano, presidente de la Cámara de Constructores de La Paz.
Recordó que, aunque se promulgó el Decreto Supremo 5306 para la revisión de precios, “al final no se lo aplicó en casi ninguna de las empresas”, y solo unas pocas lograron acogerse al reajuste, principalmente aquellas con financiamiento de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial. “Básicamente se está parando casi el 100% de las empresas”, sostuvo.
El dirigente explicó que el alza de precios supera con creces lo técnicamente justificable. “Entendemos que por la incidencia del combustible un material puede subir entre 30% y 40%, pero no exceder el 50%. Hoy tenemos agregados y cemento que han subido al 100%”, remarcó. Esta situación, dijo, impide cumplir contratos y amenaza la continuidad de cientos de obras públicas en ejecución.
A ello se suma una elevada mora estatal. Del Llano denunció que existen planillas impagas desde hace casi un año, como en el caso de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). “La deuda de las empresas ahorita es muy alta, muy alta”, afirmó, aunque precisó que no existe un monto consolidado.
Desde la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, su presidente Pascual Velásquez advirtió que la crisis ya se traduce en desempleo y cierre de empresas. “Si no se saca una medida como la que estamos pidiendo, esto va a ir a un colapso y eso no beneficia a nadie”, señaló. Según estimaciones del sector, alrededor del 80% de las empresas ya están paralizando actividades.
Velásquez explicó que el sector demanda un decreto supremo de ajuste o equilibrio económico, que permita a todas las entidades públicas autorizar la actualización de precios conforme a la realidad del mercado. Como ejemplo, citó que el precio del cemento pasó de 46 a 90 bolivianos, un incremento cercano al 100%, lo que rompe el equilibrio financiero de los contratos y pone en riesgo “cerca de un millón de empleos que genera el sistema constructivo a nivel nacional”.
Los movilizados remarcaron que, si bien hubo avances técnicos con el Ministerio de Obras Públicas, la decisión final depende del Ministerio de Economía, por lo que exigieron una reunión directa e inmediata. De no existir una respuesta, anunciaron que las protestas se masificarán a nivel nacional, con la participación de las departamentales del sector.