El Comité de Defensa del Productor (Codepro) condenó el reciente atentado contra la vida del cacique Ricardo Peña, ocurrido en San José de Chiquitos, y advirtió que el hecho no solo constituye una agresión personal, sino un ataque directo contra el sector productivo y el Estado de derecho.
En un pronunciamiento público, la organización calificó el suceso como parte de una escalada de violencia que afecta a las zonas productivas de Santa Cruz y Beni, y denunció el asedio de grupos que operan al margen de la ley. Codepro exigió a las autoridades judiciales la máxima sanción para los responsables, subrayando que se trata de un intento de homicidio.
El comité sostuvo que la titulación efectiva de tierras es el único mecanismo sólido para garantizar la seguridad jurídica de pequeños y medianos productores, al permitirles trabajar con certeza de que su patrimonio está respaldado por el Estado. En esa línea, reclamó la ejecución inmediata de todos los mandamientos de desalojo pendientes.
Asimismo, la entidad demandó al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, que actúe de manera decidida para restablecer el orden y frenar las ocupaciones ilegales, señalando que la tenencia de la tierra debe respetarse conforme a ley y que cualquier ocupación de hecho debe ser respondida con la fuerza del Estado de derecho.
Codepro también convocó a una acción coordinada entre instituciones públicas, incluido el INRA y el Órgano Judicial, para enfrentar los avasallamientos. Advirtió que la impunidad erosiona la confianza institucional y frena el desarrollo económico del país.
Finalmente, la organización declaró la emergencia institucional y reafirmó su compromiso con la defensa de la seguridad jurídica y la propiedad privada, anunciando que mantendrá vigilancia permanente para que el derecho al trabajo y a la propiedad sea la regla y no la excepción en el campo boliviano.