La aprobación de un nuevo contrato para la industrialización del litio con la empresa china CBC desata un fuerte rechazo en el departamento de Potosí, cuyo liderazgo cívico y político considera que el acuerdo fue suscrito “entre gallos y medianoche”, sin consulta previa a las comunidades, sin transparencia sobre los anexos contractuales y con serios riesgos para el medioambiente y la economía regional.
Así lo expresó en entrevista con ¡Qué Semana!, programa de EL DEBER Radio, la asambleísta departamental Azucena Fuertes, quien alertó que las operaciones iniciadas en el Salar de Uyuni por esta transnacional han generado impactos inmediatos, como el agotamiento de fuentes de agua dulce, fundamentales para el consumo humano y el ganado.
“El contrato fue firmado sin consultar a los verdaderos beneficiarios, sin recorridos ni socialización. Las comunidades vieron de pronto movimiento de personal extranjero en su territorio sin saber qué estaba pasando”, denunció Fuertes.
Según la legisladora, el uso intensivo de agua fósil —recurso no renovable acumulado por miles de años— agrava aún más la oposición local. “Están agotando el agua dulce sin ofrecer alternativas. Y eso en un contexto de sequía global es gravísimo”, dijo. En respuesta a estas críticas, el Gobierno boliviano, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), defendió los contratos firmados con CBC. En entrevista con Dinero 360 de EL DEBER Radio, René Salinas, gerente de Ingeniería y Proyectos de YLB, calificó las denuncias como “infundadas” y alertó que si el país no avanza en estos proyectos podría “perder nuevamente el tren del litio”. “Hay una tergiversación interesada de los datos. Solo el 1,34% de los recursos del salar serán utilizados en este proyecto, y el área intervenida no supera el 2%”, aseguró. Sobre la falta de consulta previa, Salinas indicó que esta se llevará a cabo “antes de la construcción” de las plantas, cuando se definan técnicamente las zonas de impacto. “No se puede consultar sobre una afectación que aún no está delimitada”, puntualizó. Respecto al uso de recursos hídricos en una región árida, explicó que las plantas requerirán entre 2,8 y 3,3 millones de metros cúbicos anuales, lo que representa menos del 10% del caudal disponible en las cuencas evaluadas. “Incluso esperamos que el consumo de agua disminuya con la tecnología aplicada. Se ha rebatido la información errónea difundida por fundaciones como Solón o Cedib”, agregó.
Agua fósil y riesgo para el turismo
Otro punto crítico es la afectación al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región. “Las zonas donde se pretende operar reciben miles de visitantes cada año. No hay una propuesta para compatibilizar turismo y explotación del litio”, advirtió.
Uno de los puntos más sensibles para Potosí es el tema económico. Fuertes denunció que los anexos del contrato no fueron compartidos públicamente, y que en ellos podría haber una modificación al actual esquema de regalías, que hoy se fija en un 3%. “Potosí exige una regalía mínima del 10%, similar a la del gas. Pero con estos contratos, lo poco que se gana podría reducirse aún más”, advirtió, señalando que en los documentos reservados estaría “la trampa para los bolivianos”.
La asambleísta también cuestionó que, pese a que el Parlamento aún no ratificó el contrato, las operaciones ya comenzaron, lo cual a su criterio es una muestra del “desdén del Gobierno por el control social y la legalidad”.
Sin ley del litio no hay garantías
Desde Potosí, la exigencia es clara: primero debe aprobarse una Ley de Recursos Evaporíticos que defina criterios sobre uso del agua, regalías, impactos ambientales y derechos de consulta. “Queremos una norma marco antes de cualquier contrato. El litio es el último recurso estratégico del país y no puede rifarse a cuatro meses de que termine el mandato del presidente Arce”, afirmó.
Además, Fuertes reiteró que no existe un estudio geológico ni hídrico que respalde la técnica de extracción directa que se quiere aplicar, la cual implica inyectar salmueras residuales al subsuelo, con el potencial de contaminar las reservas de agua dulce.
La legisladora denunció que el Gobierno convoca a mesas de diálogo solo con sectores afines, excluyendo a representaciones cívicas y comunales que discrepan con la línea oficial. “Así pasó también en las regiones de Nor y Sud Lípez. No se consulta al conjunto de las comunidades, sino solo a dirigentes afines al MAS”, lamentó.
Incluso, recordó que cuando dirigentes potosinos llegaron hasta la Cámara de Diputados para expresar su posición, no se les permitió ingresar a la sesión, pese a que la Constitución garantiza el carácter público de las deliberaciones legislativas. “Usaron a la Policía para desalojarlos”, afirmó.
Para Fuertes, la situación actual guarda similitudes con lo ocurrido en 2019, cuando el tema del litio fue uno de los detonantes de la movilización regional. “Han pasado más de 40 años y Potosí sigue esperando un proyecto serio y justo de industrialización del litio. No queremos repetir el error histórico del cerro Rico, ni seguir marginados mientras otros deciden por nosotros”, subrayó.
Desde el ejecutivo defienden el proyecto