En medio del rechazo popular, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines mantienen bloqueos de caminos y tomas de infraestructura petrolera. Los movilizados exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los combustibles. La medida ha generado posturas encontradas, tanto a favor como en contra.
Los sectores movilizados sostienen que la eliminación del subsidio aumentará los costos del transporte, afectará la producción agrícola y encarecerá servicios, presionando a la población más vulnerable.
La tensión creció tras un operativo policial de control de explosivos en un hotel vinculado a la COB, aunque la Policía aclaró que se trató de un procedimiento rutinario de seguridad y no se halló material explosivo.
Por las protestas doce personas que serán presentadas ante un juez cautelar para definir su situación.
Los enfrentamientos se registraron cuando la movilización de la COB intentó avanzar hacia Plaza Murillo, provocando choques con efectivos policiales, que respondieron con agentes químicos para dispersar a los manifestantes.
La Policía desplegó un refuerzo de 1.800 efectivos en el centro paceño y coordina con cámaras de seguridad de instituciones públicas y privadas para identificar a otros posibles implicados.
En Santa Cruz YPFB Transporte S.A. informó que la Estación de Compresión y Bombeo Oconi, parte del Gasoducto al Altiplano y del oleoducto Santa Cruz–Cochabamba, fue tomada por comunarios, lo que paralizó sus operaciones y activó de protocolos de seguridad.
En un comunicado la estatal dijo que la medida afecta directamente la continuidad del servicio y genera riesgos para la seguridad tanto del personal como de las personas que se encuentran en las inmediaciones de la estación.
En este contexto, los interculturales de Yapacaní anunciaron el bloqueo de la carretera Santa Cruz–Cochabamba a partir de este miércoles 7 de enero, en rechazo al Decreto Supremo 5503, en cumplimiento de un instructivo nacional.
Reacciones
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó este las medidas de presión y afirmó que estas acciones “no son nunca legítimas”, al considerar que afectan directamente al trabajo y la producción de la mayoría de los bolivianos.
Mientras que desde Confeagro, Congabol y Caneb rechazan la medida y piden al Gobierno hacer cumplir la Ley y garantizar el tránsito en las rutas del país, en un contexto en el que crecen las amenazas de masificación de piquetes en las rutas del país.
“Bloqueo significa corte de abastecimiento a todas las unidades productivas del país, corte de abastecimiento a los mercados, a las tiendas de barrio”, advirtió el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Klaus Frerking.
En esta linea, el economista Germán Molina dijo que Molina explicó que “hay un rechazo de la población cuando marchan en la ciudad de La Paz; el público los censura y los reprende”. “La actividad económica está funcionando sin mayores inconvenientes hasta el momento”, indicó.
El economista puntualizó que la protesta está liderada principalmente por sectores que, según él, buscan mantener privilegios ya establecidos en el pasado, como altos salarios o beneficios sindicales.
Para el politólogo José Orlando Pedraza los bloqueos y paros focalizados en La Paz y ciudades del altiplano, tienen un carácter ideológico y buscan rearticular grupos sociales vinculados al anterior gobierno lo que genera rechazo masivo de la ciudadanía.
“No hay un argumento técnico válido de los grupos opositores; es una oposición netamente política e ideológica, que va en contra de decisiones necesarias para sostener la economía”, afirmó.
El politólogo reconoció que algunas acciones del Ejecutivo, como el decreto que se sobrepone a la Asamblea Legislativa, podrían requerir correcciones, pero sostuvo que los opositores aprovechan este aspecto como justificación para movilizarse.
A pesar de los bloqueos y tomas de infraestructura, las movilizaciones enfrentan un rechazo mayoritario de la ciudadanía, que prioriza la estabilidad económica.