Por Daniela Revollo
Una tarde conversando con una colega de trabajo, salió a relucir una historia que todavía la indigna. Hace algunos años, su hermano menor, recién salido del colegio decidió aprovechar sus vacaciones trabajando. Quería ayudar en casa y juntar algo de dinero para continuar sus estudios. Encontró un anuncio: una fábrica de dulces buscaba vendedores ambulantes. Era un empleo temporal, ideal para alguien sin experiencia.
El joven trabajó durante un mes. Cargaba cajas, recorría calles polvorientas y ofrecía caramelos y galletas con una sonrisa tímida. Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar su salario, su optimismo se apagó: la empresa se negaba a pagarle y encima el joven apareció como deudor, pues según los encargados, había un “faltante” en las ventas que debía ser cancelado por el trabajador.
Intentó renunciar. No pudo, pues al ser contratado le pidieron el título de bachiller, su cédula y otros documentos originales “para el registro”, y se lo quedaron. El joven, menor de edad, quedó atrapado en la trampa de la necesidad y la confianza.
La empresa aplicaba el método con los nuevos empleados: los hacían trabajar un mes, se quedaban con el dinero de las ventas, no les pagaban y los acusaban de robo. Luego, si querían recuperar sus documentos, debían pagar la supuesta deuda.
Promesas digitales
Días después, recordé esa historia cuando me topé con un anuncio similar, esta vez en redes sociales. Decía: “¿Quieres generar ingresos extras? Busco personas para vender ropa en transmisiones por
TikTok. Pago diario y comisión por venta”. Parecía moderno, flexible y sobre todo, atractivo para jóvenes acostumbrados a la vida digital.
Sin embargo, al preguntar los detalles, la ilusión se desmoronó. Las condiciones reales eran otras: el trabajo consistía en transmitir seis horas al día —tres en la mañana y tres en la tarde— editar videos, responder comentarios, coordinar entregas, llevar los pedidos hasta la terminal, de buses de Santa Cruz, y pagar los pasajes para los envíos locales.
El pago diario era de Bs 60, pero con condiciones: solo si se vendían al menos dos prendas. Si no se lograba vender ninguna, el pago bajaba a Bs 50. Si se vendían más de tres, se sumaba una comisión de Bs 10. Las transmisiones debían ser de lunes a sábado, y trabajar domingos o feriados era “opcional”, aunque en realidad se esperaba disponibilidad total.
El anuncio prometía un empleo sencillo, sin embargo, lo real era una jornada múltiple, sin contrato, sin beneficios y con gastos personales que reducían el ingreso. Una historia repetida en miles de publicaciones digitales que hoy invaden las redes sociales, especialmente en temporada de fin de año, cuando los jóvenes recién egresados buscan su primer empleo.
Explotación a la vista
Cada diciembre, Bolivia vive una oleada de búsqueda laboral. Jóvenes bachilleres y universitarios inician su travesía impulsados por el entusiasmo, la necesidad y la esperanza de independencia económica. Pero se topan con una realidad: la proliferación de ofertas engañosas, falsas promesas y empleos que rozan la explotación.
La precarización laboral —un término técnico que describe el deterioro de las condiciones de trabajo— se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Jornadas extensas, sueldos por debajo del mínimo, ausencia de seguro social, contratos temporales o inexistentes, falta de vacaciones y pago irregular de comisiones son prácticas que, poco a poco, se normalizan.
El abogado laboralista, Pedro Gutiérrez, explica que muchas empresas utilizan contratos civiles o comerciales para encubrir relaciones laborales reales. Así eluden el pago de beneficios, aguinaldos o aportes a la seguridad social, a tiempo de remarcar que, en Bolivia, esto constituye fraude laboral y está sancionado por ley. La denuncia es un acto de protección de derechos, no de conflicto. La normativa boliviana protege incluso sin contrato escrito.
Gutiérrez hizo notar que el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de intervenir administrativamente y la Fiscalía puede actuar penalmente en casos graves de explotación o trata laboral, pero que muchas veces la víctimas callan por, vergüenza, temor o desinformación.
Entre la ley y la realidad
El marco jurídico boliviano es claro: el artículo 46 de la Constitución garantiza el derecho al trabajo digno y prohíbe toda forma de explotación. La Ley General del Trabajo y normas complementarias, como el Decreto Supremo 0521, sancionan la evasión de obligaciones laborales mediante subcontratación o simulación.
El salario mínimo nacional en 2025 es de Bs 2.750 y la jornada máxima legal de trabajo es de ocho horas diarias o 48 semanales. Las horas extras deben pagarse con el doble del valor ordinario, y los feriados con un recargo del 100 %. Pero en la práctica, los números se desdibujan.
El auditor financiero, José Revollo, lo resume con frialdad técnica: “Cualquier empleador que pague menos del salario mínimo está incurriendo en una ilegalidad sancionable. Pero el problema es que en la economía informal, que absorbe a más del 70 % de la fuerza laboral, no hay control ni registro. La ley existe, pero no llega”.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 8,6 % de la población boliviana trabaja sin remuneración como ayudante familiar o aprendiz, mientras que el 21,8 % lo hace por cuenta propia. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas el 38,4 % de los bolivianos cuenta con algún tipo de protección social.
Cifras que duelen
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) documentó que los jóvenes son el grupo más afectado por la precariedad laboral. Más del 90 % de ellos tiene empleos informales o inestables, y solo el 8 % accede a un trabajo adecuado.
En el sector empresarial formal, apenas el 17 % de los trabajadores tiene condiciones estables; en el estatal, un 27 %; en el semiempresarial o familiar, menos del 3%. El servicio doméstico —ocupado mayormente por mujeres— presenta los niveles más altos de precariedad extrema.
Una joven mesera entrevistada en 2015 por el Cedla lo dijo sin rodeos: “Las empresas crecen con nuestro trabajo. Somos los jóvenes los que cargamos todo, pero al final nos pagan lo mínimo, sin seguro ni descanso. Si te enfermas, te reemplazan al día siguiente”.
El sociólogo Bruno Rojas complementa: “Tres de cada diez asalariados urbanos ganan menos del salario mínimo, y seis de cada diez tienen ingresos insuficientes para cubrir una canasta alimentaria. La precarización golpea más fuerte a los jóvenes y a las mujeres: en 2019, el 98 % de los jóvenes y el 95 % de las mujeres tenían empleos precarios”.
Costo de la precariedad
Pero la explotación no solo se mide en dinero. También desgasta el cuerpo y la mente. La psicóloga clínica, Isabel Villagómez, explica que el estrés laboral derivado de la precarización es una forma de sufrimiento crónico.
“El trabajador vive en un estado de alerta permanente. No sabe si cobrará, si lo despedirán, si podrá cubrir sus gastos. Esa incertidumbre genera ansiedad, insomnio, fatiga y en muchos casos, depresión”, asegura.
Según Villagómez, muchas personas normalizan este malestar bajo frases como “es lo que hay” o “por lo menos tengo trabajo”, sin reconocer que el problema es estructural, no individual. “Se culpa al trabajador por sentirse mal, cuando en realidad es una reacción legítima ante condiciones injustas”.
La inseguridad laboral, añade, puede tener efectos similares al acoso psicológico: miedo constante, autocensura, agotamiento emocional y pérdida de autoestima. “La precariedad no solo roba el tiempo y la energía, también erosiona la identidad y los sueños”.
El derecho al trabajo digno no es un favor del empleador ni un ideal lejano: es un principio constitucional.
Es trabajo del Estado evitar la normalización de historias como la del joven que vende dulces o de los anuncios engañosos que invaden las redes.