El Gobierno boliviano aprobó un nuevo Decreto Supremo que amplía el plazo hasta el 31 de octubre de 2025 para que las empresas constructoras puedan ajustar precios unitarios en contratos de obra pública, afectados por la variación en los costos de materiales, maquinaria y combustibles importados.
El anuncio lo realizó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien explicó que la medida modifica el decreto emitido el 23 de enero de 2024, que inicialmente establecía un periodo más corto.
“Este decreto está dando la flexibilidad necesaria, el margen para que se puedan ajustar de forma perfectible nuestros contratos con las empresas constructoras del país”, señaló Montenegro.
La decisión responde a una demanda del sector constructor, que advirtió que muchas obras no pudieron aplicar los ajustes por los tiempos prolongados que requieren las negociaciones, aprobaciones presupuestarias y procedimientos administrativos.
“Estamos incluyendo que los contratos llave en mano también puedan hacer ajustes en la ejecución de la obra y en el equipamiento, que no estaba en el anterior decreto”, detalló el ministro.