La administración del presidente Luis Arce Catacora abona el campo para una futura retención a los salarios de la gente.La medida está prevista en un anteproyecto que busca recursos para financiar la Renta Dignidad, beneficio que antes era sostenido por las empresas públicas.
La futura norma establece aportes solidarios a todos los rangos salariales, incluyendo el salario mínimo nacional, que llega a Bs 2.164
Las personas que ganan esta cantidad hasta los 10.000 deberán aportar un 0,3% de sus salarios para sostener la Renta Dignidad. Mientras que los ganan entre Bs 10.001 y Bs 16.000 se les retendrán un 0,5% de sus sueldos.
El aporte se incrementa a un 0,7% para las personas que gana desde Bs 16.001 hasta los Bs 20.000. Mientras para los que ganan desde los 20.001 hasta los 22.000 se les retendrá un 1% de sus ingresos mensuales.
Este esquema establece también una retención de 1,5% para los que ganen entre Bs 22.001 y 24.000. Mientras los que ganan arriba de esta última cifra deberán entregar un 3%.
Estas cifras fueron expuestas en un reporte realizado por el periódico Página Siete de La Paz, que accedió a este anteproyecto. El anteproyecto también obliga a la Empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) a transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación (TGN) el 30% de los recursos que perciba por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio con el fin de financiar el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).
Operadoras de telecomunicación aportarán
En la disposición adicional única el documento establece la incorporación de los parágrafos IV, V y VI al artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones con el siguiente texto: “Los operadores de telecomunicaciones que tengan un patrimonio igual o superior a Bs 1.000.000.000 y tengan cobertura nacional, deben transferir mensualmente, como aporte solidario al FRUV al menos el 10% de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet del período anterior”.
Según la Ley 3791 y el Decreto Supremo reglamentario 29400, se financia con el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las prefecturas, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nacional a partir del 1 de enero de 2008.
Otra fuente son los dividendos de las empresas públicas capitalizadas, generados a partir de la gestión 2008, en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos.
Pero ahora el Gobierno pretende incorporar como financiamiento a la población. La COB, que fue consultada por el medio paceño dijo desconocer el alcance de este proyecto, esto pese a que incluso se estableció una mes de trabajo sobre las pensiones.
Por su parte, el Ministerio de Economía no respondió las consultas realizadas por el periódico paceño.
El analista en pensiones Alberto Bonadona opinó que el anteproyecto busca generar recursos para pagar la Renta Dignidad ante la falta de generación de utilidades de todas las empresas públicas, señala el reporte de Pagina Siete.