En más de 20 años, el presupuesto de gastos corrientes del Estado boliviano se elevó poco más del 787 %, pasando de Bs 22.119 millones en 2005 a 174.235 millones en 2025, según un estudio consolidado de la Fundación Jubileo, con base en datos de los presupuestos generales del Estado (PGE) de ese periodo.
Por ejemplo, sin considerar el subsidio a los combustibles, en 2024, el 76% del presupuesto de gastos del Gobierno General estuvo en manos del Nivel Central. El gasto público estuvo dominado por el sostenimiento del aparato estatal y no por la inversión.
Y, cuando se observa la clasificación real del gasto, Bs 90.537 millones se destinaron a funcionamiento, gasto corriente y otros, y solo Bs 22.403 millones fueron a proyectos de inversión. Es decir, ocho de cada 10 bolivianos del presupuesto se destinaron a mantener la estructura estatal funcionando, no a generar nueva capacidad productiva o social.
Mientras tanto, en el PGE 2025 se confirma que el mayor esfuerzo fiscal del Gobierno no está concentrado en la inversión, sino en sostener el funcionamiento del aparato estatal y el —hasta ahora— modelo económico vigente.
De los Bs 296.566 millones del presupuesto consolidado, el 58,8% se destinó a gastos corrientes, es decir, a cubrir sueldos, compra de bienes y servicios, subvenciones, intereses de la deuda y pensiones. Solo el 17,2% corresponde a gastos de capital vinculados directamente a inversión pública, mientras que un 24% se canaliza al pago de deuda y uso de fondos financieros.
Los sueldos y jornales representan Bs 51.895 millones (17,5%), concentrados mayoritariamente en salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas. Según el propio documento oficial, el país cuenta con 439.144 ítems públicos, de los cuales casi el 60% corresponde a maestros y personal sanitario.
Sinceramiento de la economía
Es la promesa central. El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, han anunciado un ajuste masivo para reducir el gasto fiscal en un 30% en el PGE 2026, aproximadamente 4 puntos del PIB. Según el Ejecutivo, este recorte busca eliminar el “gasto insulso” y los cargos burocráticos innecesarios, habiendo ya reducido el número de ministerios de 17 a 14, como muestra.
“Nuestra agenda económica tiene tres objetivos claros: estabilizar, transformar y crecer. Sobre esa base, estamos impulsando un conjunto de políticas orientadas a la inversión productiva, la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura, la ampliación de servicios básicos y el fortalecimiento institucional”, indicó Espinoza a EL DEBER.
Según la autoridad, en estas primeras semanas de gobierno se adoptaron medidas que marcan el rumbo hacia ese objetivo: la estabilización del tipo de cambio, el reordenamiento del sistema de precios de los combustibles y una política fiscal orientada a racionalizar el gasto y priorizar el crecimiento económico sostenido.
Destacó que estas decisiones han permitido generar ahorros, como un superávit fiscal, al cierre de enero, de Bs 2.300 millones, “que responde a decisiones concretas de política económica y no a un solo factor aislado”.
“Respecto a los próximos meses, somos prudentes, pero los indicadores son alentadores. Para febrero, marzo y abril se prevé mantener resultados fiscales positivos, considerando que estos meses concentran tradicionalmente mayores liquidaciones tributarias, lo que contribuirá a sostener el superávit y a consolidar el proceso de ordenamiento fiscal en curso”, aseguró Espinoza.
Subsidios, factor inicial
Espinoza sostuvo que la medida más visible, el reordenamiento del sistema de precios de los combustibles, formaba parte de una lógica más amplia de corrección de distorsiones acumuladas. “Respondía a la necesidad de corregir distorsiones acumuladas que habían llevado al país a niveles críticos de desabastecimiento y presión fiscal”, afirmó.
En ese marco, mencionó el diferimiento de créditos de vivienda de interés social y productivos, así como la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), orientado a adultos mayores sin pensión, personas con discapacidad, niños beneficiarios de bonos sociales y mujeres gestantes.
Según la autoridad, estas acciones han permitido “amortiguar los efectos del ajuste, proteger el ingreso de los hogares más expuestos y, al mismo tiempo, avanzar en objetivos estructurales como la estabilidad de precios y la reconstrucción de las reservas internacionales”.
Consultado sobre la advertencia del sector privado respecto a una posible caída de la demanda interna producto de la austeridad, Espinoza sostuvo que el ajuste no debía interpretarse como un freno, sino como parte de una estrategia integral.
Además, subrayó la apertura de nuevas líneas de financiamiento con organismos como el BID y la CAF, pero con un destino distinto al del pasado: financiar proyectos productivos y no gasto corriente. “A diferencia de periodos pasados donde estos recursos se destinaban principalmente a gasto corriente”, precisó, ahora se orientan a reconstruir reservas y dinamizar sectores productivos.
El déficit crónico
Para René Martínez, analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, el problema de fondo no se limita a un subsidio o a una partida específica, sino a la trayectoria de expansión del gasto público en las últimas dos décadas. “Hemos llegado a registrar profundos déficits fiscales (…) de aproximadamente o más del 10% del PIB en los últimos años”, advirtió.
Señaló que ese gasto excesivo había llevado al país a “umbrales de insostenibilidad”. A su juicio, el presupuesto reformulado que el Gobierno anunció para marzo sería la primera prueba concreta para evaluar si el compromiso de reducción del gasto se traducía en números reales.
“No solo es una promesa electoral, sino una necesidad que tiene el país (…) para ir reordenando la gestión pública hacia la sostenibilidad”, afirmó.
El analista identificó tres grandes núcleos que explicaban el crecimiento del gasto: la subvención a los hidrocarburos, las empresas públicas deficitarias y la expansión de la burocracia estatal. En su criterio, más allá de la reducción del subsidio, debía observarse una “visible disminución del gasto burocrático” en el presupuesto reformulado.
Según estudios de Jubileo, cerca del 28% del presupuesto se clasificaba como gasto administrativo. “Hay un aparato público demasiado grande, pero más que eso, demasiado improductivo”, consideró Martínez.
¿Efecto transitorio?
Para el economista y docente universitario Fernando Romero, “hay señales de mejoras fiscales, pero por ahora no son todavía un cambio estructural completo”.
Sostuvo que la eliminación del subsidio había generado un ahorro inmediato superior a $us 400 millones en poco más de un mes, pero advirtió que el superávit de enero se explica principalmente por mayores ingresos corrientes. “Se debió principalmente a mayores ingresos corrientes que a un reajuste importante del gasto público a corto plazo”, detalló.
Entre esos ingresos mencionó la mayor recaudación tributaria del sector minero, el aumento del IVA e IEHD en combustibles y mayores ingresos de YPFB por la venta sin subvención.
El economista planteó que, si el Gobierno afirmaba que las ayudas focalizadas compensaban el fin de subsidios, debía existir evidencia empírica clara en tres variables: precios, ingresos reales de los hogares vulnerables y consumo.
También enumeró señales macroeconómicas que deben observarse en los próximos meses: continuidad en la reducción del déficit, inflación controlada, estabilidad cambiaria y transparencia en datos fiscales y sociales.
A mediano plazo, propuso la necesidad de una regla fiscal multianual, reformas tributarias y mejoras regulatorias en sectores productivos para atraer inversión.
Empresas públicas y deudas
Óscar Mario Tomianovic, investigador del Centro de Estudios Populi (CEP), advirtió que una parte importante del déficit se explica por las transferencias del Tesoro a empresas públicas y gobiernos subnacionales. Puso como ejemplo a Boliviana de Aviación (BoA), cuyos balances, dijo, se sostenían en transferencias corrientes.
Asimismo, alertó sobre el aumento del endeudamiento externo. “Con estos nuevos préstamos, el nivel de deuda se estaría disparando por encima del 100% del PIB”, afirmó.
En su criterio, esto podía elevar el costo del financiamiento internacional y generar presiones futuras en dólares, considerando que este año se debían pagar alrededor de $us 1.800 millones en servicio de deuda.
Tomianovic recomendó que el superávit no se destine a nuevo gasto, sino a sanear pasivos y cubrir obligaciones pendientes del Estado.
Contraloría iniciará auditorías para evaluar la situación empresas estatales
La contralora general del Estado, Sandra Quiroga, informó el pasado viernes que su gestión dará inicio a trabajos para verificar la salud financiera de estas entidades públicas.
“La Contraloría no ha descuidado su atención a las empresas públicas, es importante que conozcan que para esta gestión la Contraloría tiene previsto realizar auditorías sobre la salud financiera de las empresas públicas, es el compromiso que tenemos nosotros”, indicó Quiroga.
El gobierno de Rodrigo Paz anunció en diciembre del año pasado que casi todas las empresas estatales creadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentan déficit financiero.
La titular de la Contraloría señaló que las auditorías se realizarán bajo distintos enfoques —financieras, operacionales y de cumplimiento— y que ya se inició el análisis de información y evaluación documental, con informes que serán emitidos dentro de los plazos establecidos, con oportunidad y calidad técnica.
Quiroga reveló que el universo de análisis incluye a más de 120 entidades públicas del nivel central y más de 50 empresas estatales, cuyas autoridades cesaron sus funciones y sobre las cuales se emitirán pronunciamientos técnicos oportunos.
Aclaró que la auditoría se ejecuta de manera posterior a los hechos, mientras que la supervisión se aplica sobre actos en curso, con el fin de reconducir acciones oportunas.
CIFRAS DEL TEMA
174 Mil millones de bolivianos. Es el presupuesto de gastos corrientes que dispuso el gobierno en el PGE 2025
17,5 por ciento. Del presupuesto consolidado se destinó a sueldos y jornales para la administración
SI CONTINÚA EL GASTO
Déficit de dos dígitos. Mantener el nivel de gasto implicaría sostener brechas superiores al 10% del PIB, prolongando una trayectoria que René Martínez calificó como de “umbrales de insostenibilidad”.
Endeudamiento. Según Tomianovic, continuar financiando el gasto con deuda externa podría llevar la deuda por encima del 100% del PIB.
Emisión. Martínez advirtió que el crecimiento de la deuda interna financiada por el BCB se tradujo en emisión monetaria e inflación, lo que podría repetirse.
Credibilidad. Romero señaló que, sin señales claras de reducción del gasto corriente, se debilitará la confianza de mercados e inversionistas.