El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, criticó la postura de los empresarios que rechazan la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En una entrevista con Bolivia TV, Silva acusó a ciertos sectores empresariales de asumir una actitud de confrontación sin argumentos técnicos ni legales, al oponerse a una normativa diseñada para combatir el contrabando.
Silva manifestó su extrañeza ante la posición empresarial, señalando que la medida no afecta a los sectores productivos legalmente establecidos ni al comercio minorista, sino que está orientada a combatir el contrabando inverso.
"No entendemos si lo hacen intencionalmente para proteger a organizaciones criminales que sacan productos esenciales del país, o si responden a intereses políticos, aseveró.
El viceministro subrayó que el contrabando ha generado escasez y un incremento en los precios de productos básicos como el arroz, el aceite, la carne de res y el pollo. Mencionó que en Montero se identificaron grandes almacenes con cantidades significativas de arroz, lo que evidencia que no se trata de un problema de producción, sino de una comercialización irregular que prioriza la exportación ilegal.
Incremento de precios
Silva también denunció que el contrabando está afectando directamente la economía de los consumidores bolivianos. Explicó que el ganado en Beni y en Santa Cruz está siendo adquirido por contrabandistas peruanos y brasileros, quienes pagan precios superiores a los del mercado local, provocando un alza en el precio de la carne dentro del país.
El precio del kilo gancho ha subido a 40 o 42 bolivianos debido a esta especulación, sostuvo.
Asimismo, aseguró que los empresarios honestos, que pagan impuestos y generan empleo, también son víctimas del contrabando, ya que su producción es adquirida por intermediarios ilegales que luego sacan los productos del país.
El Gobierno no permitirá que estas prácticas continúen afectando la economía nacional, afirmó.
Sobre las amenazas de movilización y paro anunciadas para el 10 de febrero, Silva las calificó como una estrategia política de sectores opositores. Son los mismos actores que han bloqueado el país y han estado en contra del Gobierno desde 2008. No buscan el diálogo, sino la confrontación, enfatizó.
El viceministro reiteró la disposición del Gobierno al diálogo y afirmó que se podría hacer ajustes a la normativa si los empresarios demostraran, con fundamentos técnicos, que la medida los perjudica. Sin embargo, sostuvo que la negativa de estos sectores a debatir sugiere que su oposición responde a otros intereses.
Controles a la especulación
Silva también abordó la problemática del incremento de precios en materiales escolares ante el inicio de clases, asegurando que su cartera realiza controles para evitar abusos. Explicó que los aumentos registrados se deben a factores como el encarecimiento del papel importado de Brasil y el alza de costos logísticos.
El viceministro dijo que el Gobierno defenderá la economía popular, asegurando que se continuarán tomando medidas para evitar la especulación y el contrabando, en beneficio del consumidor boliviano.
Postura empresarial
El rechazo empresarial a la Disposición Séptima del PGE 2025 se basa en el temor de que la norma pueda afectar la libre circulación de productos y generar trabas a la actividad comercial formal.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó la postura del empresariado boliviano en contra de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
El dirigente empresarial calificó la medida como innecesaria y advirtió que su aplicación podría incrementar la burocracia y abrir espacio a arbitrariedades en el sector productivo.
Paola Álvarez, presidenta de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca, sostuvo que la normativa busca imponer un control de precios como medida correctiva frente a fallos del mercado, los cuales, a su juicio, son provocados por errores del propio Estado.
Silva también denunció que el contrabando está afectando directamente la economía de los consumidores bolivianos. Explicó que el ganado en Beni y en Santa Cruz está siendo adquirido por contrabandistas peruanos y brasileros, quienes pagan precios superiores a los del mercado local, provocando un alza en el precio de la carne dentro del país.
El precio del kilo gancho ha subido a 40 o 42 bolivianos debido a esta especulación, sostuvo.
Asimismo, aseguró que los empresarios honestos, que pagan impuestos y generan empleo, también son víctimas del contrabando, ya que su producción es adquirida por intermediarios ilegales que luego sacan los productos del país.
El Gobierno no permitirá que estas prácticas continúen afectando la economía nacional, afirmó.
Sobre las amenazas de movilización y paro anunciadas para el 10 de febrero, Silva las calificó como una estrategia política de sectores opositores. Son los mismos actores que han bloqueado el país y han estado en contra del Gobierno desde 2008. No buscan el diálogo, sino la confrontación, enfatizó.
El viceministro reiteró la disposición del Gobierno al diálogo y afirmó que se podría hacer ajustes a la normativa si los empresarios demostraran, con fundamentos técnicos, que la medida los perjudica. Sin embargo, sostuvo que la negativa de estos sectores a debatir sugiere que su oposición responde a otros intereses.
Controles a la especulación
Silva también abordó la problemática del incremento de precios en materiales escolares ante el inicio de clases, asegurando que su cartera realiza controles para evitar abusos. Explicó que los aumentos registrados se deben a factores como el encarecimiento del papel importado de Brasil y el alza de costos logísticos.
El viceministro dijo que el Gobierno defenderá la economía popular, asegurando que se continuarán tomando medidas para evitar la especulación y el contrabando, en beneficio del consumidor boliviano.
Postura empresarial
El rechazo empresarial a la Disposición Séptima del PGE 2025 se basa en el temor de que la norma pueda afectar la libre circulación de productos y generar trabas a la actividad comercial formal.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó la postura del empresariado boliviano en contra de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
El dirigente empresarial calificó la medida como innecesaria y advirtió que su aplicación podría incrementar la burocracia y abrir espacio a arbitrariedades en el sector productivo.
Paola Álvarez, presidenta de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca, sostuvo que la normativa busca imponer un control de precios como medida correctiva frente a fallos del mercado, los cuales, a su juicio, son provocados por errores del propio Estado.
El rechazo empresarial a la Disposición Séptima del PGE 2025 se basa en el temor de que la norma pueda afectar la libre circulación de productos y generar trabas a la actividad comercial formal.