La aplicación de la medida de “emergencia económica, financiera, energética y social”, que implementó el gobierno de Rodrigo Paz —la noche del pasado miércoles— a través del Decreto Supremo 5503, pretende el reordenamiento de precios, la estabilidad macroeconómica y la contención de una crisis que, según el Ejecutivo, estaba al borde de una hiperinflación.
Los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en conferencia de prensa reconocieron que el efecto más sensible, sobre todo del levantamiento de la subvención de los combustibles, se percibirá en la canasta familiar, pero “no va ser significativo”.
“No va a faltar aceite, no va a faltar pollo, no va a faltar huevo. El abastecimiento está asegurado”, afirmó Espinoza, al advertir sobre una “psicosis colectiva alimentada por cadenas de desinformación”.
El ministro de Economía sostuvo que el reciente encarecimiento de alimentos ya venía gestándose por el desabastecimiento de diésel y la volatilidad cambiaria heredada. “El golpe inflacionario fuerte ya ocurrió antes; ahora estamos corrigiendo las causas”, aseguró, al señalar que el tipo de cambio bajó de Bs 14 a alrededor de Bs 10 por dólar.
En el plano social, el Gobierno apuesta a un incremento del salario mínimo nacional hasta Bs 3.300 para toda la gestión 2026, como un ancla de negociación para el amplio sector informal. “No podemos reconstruir la economía dejando a alguien atrás”, sostuvo Espinoza, remarcando que el salario mínimo es la referencia real para trabajadores eventuales, cuentapropistas y servicios domésticos.
A ello se suman aumentos en transferencias sociales: la Renta Dignidad sube de Bs 350 a Bs 500, el bono Juancito Pinto pasa de Bs 200 a Bs 300 y se crea un esquema de transferencias mensuales para personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno insiste en que estas medidas buscan compensar el impacto en el poder adquisitivo de los hogares más frágiles.
Uno de los puntos estructurales del decreto es el rol del Banco Central de Bolivia (BCB). El Ejecutivo prohibió expresamente que el ente emisor vuelva a financiar empresas públicas. “Se empujó al Banco Central a financiar el malgasto y el robo; eso se terminó”, expresó Espinoza y explicó que esta práctica fue clave en el deterioro de las Reservas Internacionales Netas y en la pérdida de credibilidad macroeconómica.
El ministro también vinculó la escasez de dólares al sistema de precios distorsionados de los combustibles. “Cerca del 30% del subsidio terminaba en redes de corrupción y contrabando; eran mil millones de dólares que salían del Banco Central”, afirmó, al justificar que la reducción de ese desvío aliviará la presión sobre las reservas y la balanza de pagos.
Evitar el colapso financiero
El Gobierno reglamentó, mediante el Decreto 5503, la norma sobre diferimiento de créditos en el sistema financiero, que fue heredada como un diferimiento “ciego” que, según Espinoza, “iba a provocar el colapso del sistema financiero”. Desde ahora, el alivio será a demanda del prestatario. “Quien lo necesite, lo solicita y se le otorga; quien pueda pagar, sigue pagando”, explicó.
Subsidio e inflación
Las protestas de gremiales y transportistas, a raíz de la eliminación de los subsidios a los combustibles, han sido manifestadas por temor a un traspaso directo de costos a tarifas y precios. El Gobierno rechazó esa lógica. “No hay ninguna razón válida para incrementos de 100 o 150% en pasajes”, dijo Espinoza, al recordar que el decreto reduce aranceles a llantas, repuestos y lubricantes, y que el costo del transporte representa apenas el 7% del precio final de productos como el pollo.
Por su parte, Medinaceli calificó esa distorsión como una “enfermedad” y que “se le quitó el negocio a esos malos bolivianos que ganaban entre uno y dos millones de dólares por día”, afirmó, al defender la estabilización de precios como una medida contra el contrabando y el mercado negro.
Importar crudo y refinar
Como parte de la estrategia energética de mediano plazo, el Gobierno abrió la posibilidad de importar petróleo crudo para procesarlo en las refinerías nacionales. Medinaceli explicó que el objetivo es elevar la capacidad de refinación, hoy cercana al 30%, hasta niveles del 90%. “Se prepara la llegada del crudo para procesarlo en el país e incrementar la capacidad de refinación y el PIB industrial”, sostuvo.
El ministro enmarcó esta medida en una reforma más amplia del sector energético, que incluye nuevas leyes de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio, con mayor participación privada. El objetivo final, dijo, es revertir la caída en la producción y asegurar el abastecimiento interno entre 2028 y 2030.