El levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, abrió un nuevo frente de tensión social en el país. Mientras sectores del transporte pesado y urbano activaron protestas y anunciaron incrementos en las tarifas, el Gobierno salió a defender la medida asegurando que era insostenible mantener un subsidio que costaba al Estado $us 3.500 millones al año, equivalente al 6,4% del PIB, y que —según sus estimaciones— alimentaba redes de corrupción y contrabando hacia países vecinos
En una extensa conferencia de prensa, los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitieron que el ajuste genera un “momento de incomodidad” para las familias, pero sostuvieron que el impacto en la vida cotidiana será menor al que se vivía con el desabastecimiento. Recordaron que, hasta hace pocas semanas, transportistas y ciudadanos pasaban entre 12 y 18 horas en filas para cargar diésel o gasolina, con un efecto directo en los precios de alimentos y servicios
Uno de los ejes centrales del discurso oficial fue el llamado al diálogo con el sector del transporte, que declaró estado de emergencia y dio ultimátums al Ejecutivo. El Gobierno confirmó la instalación de mesas de negociación y cuestionó los aumentos inmediatos de pasajes urbanos e interdepartamentales, al señalar que el decreto incluye medidas de alivio para el rubro, como la rebaja o eliminación de aranceles a llantas, repuestos, baterías y lubricantes. Según Espinoza, con menores costos operativos y un abastecimiento regular de combustibles, “no existe justificación técnica” para traspasar todo el incremento al usuario final
La eliminación del contrabando fue presentada como uno de los principales beneficios del sinceramiento de precios. Medinaceli explicó que la existencia de precios diferenciados había creado un negocio ilegal que drenaba entre uno y dos millones de dólares diarios, especialmente con el diésel importado. Al acercar el precio interno al internacional, el Ejecutivo afirma haber quitado el incentivo al arbitraje ilegal y reducido en alrededor del 30% la necesidad de importar combustibles, lo que también aliviaría la presión sobre las divisas del país
Respecto a las persistentes colas en los surtidores, las autoridades atribuyeron el fenómeno más a la “psicosis colectiva” y a compras por temor que a un problema real de suministro. Aseguraron que el abastecimiento está garantizado y que, al cerrarse la vía del contrabando, el combustible comprado para el mercado interno “se queda en Bolivia”, lo que permitiría normalizar definitivamente la distribución
El impacto en la canasta familiar fue otro punto sensible. El Gobierno sostuvo que el costo del transporte representa, en promedio, solo el 7% del precio final de productos como el pollo, por lo que el efecto del alza de combustibles no debería superar entre 2% y 3% en ese caso. Además, afirmó que medidas tributarias y facilidades para el sector productivo ayudarán a amortiguar posibles presiones inflacionarias. No obstante, en mercados populares ya se percibe incertidumbre y ajustes preventivos de precios, mientras gremiales y consumidores expresan preocupación por un eventual “efecto dominó” en alimentos básicos
Con protestas en las calles y negociaciones en puerta, el ajuste a los combustibles se perfila como una de las decisiones económicas más sensibles de los últimos años. El desafío inmediato del Ejecutivo será contener el malestar social y demostrar que el fin del subsidio no se traducirá en un deterioro acelerado del costo de vida de los bolivianos.