El Gobierno anunció este martes el retorno al régimen de precios para los derivados del petróleo, un esquema que no se aplicaba en Bolivia desde hace 28 años. El anuncio fue realizado por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, en la que explicó parte del Título VI del Decreto Supremo 5503, referido a la “Estabilización de precios, combustibles y energía”.
“El objetivo del Decreto Supremo 5503 es claro: asegurar el abastecimiento, evitar colas, preservar la estabilidad y ordenar el consumo”, sostuvo la autoridad, al precisar que la norma incorpora una metodología técnica para la formación de precios y no responde únicamente a un ajuste impositivo. “No es simplemente un incremento del precio fiscal; hay una lógica por detrás”, remarcó.
Según explicó Medinaceli, el decreto establece anexos técnicos que definen precios de referencia y márgenes, además de un nuevo esquema de relación entre YPFB y los productores. En ese marco, destacó que se incrementará el precio que paga la estatal petrolera a los productores, lo que permitirá impulsar mayores inversiones en la producción de líquidos, con un impacto estimado del 11% adicional.
Asimismo, señaló que el retorno al régimen de precios tendrá efectos positivos en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). “Esto redundará en mayores recursos para gobernaciones, municipios y universidades”, afirmó, al referirse a la aún relevante producción nacional de líquidos, especialmente de condensado.
El ministro justificó la medida señalando que el actual esquema de precios congelados se volvió insostenible debido a la caída de los ingresos por exportación de gas y al fuerte incremento de las importaciones de diésel. “El subsidio se hace insostenible porque los ingresos del gas comienzan a caer”, advirtió, al indicar que la estructura legal del sector hidrocarburífero fue diseñada en el pasado “para cosechar y no para sembrar”.
Antecedentes
Medinaceli dedicó parte de su exposición a repasar la evolución histórica de la política de precios de los combustibles en Bolivia. Recordó que, tras la hiperinflación de mediados de la década de 1980, el país enfrentaba un escenario de empresas públicas deficitarias. “Después de la hiperinflación de los ochenta no había empresas públicas que no fueran deficitarias; una de las pocas era YPFB”, señaló.
En ese contexto, explicó, se aplicaron incrementos anuales a la gasolina y el diésel como parte del paquete de estabilización económica. “Cada año subía el precio de la gasolina y el diésel, y la gente se acostumbró a ello”, indicó, aclarando que esos ajustes respondían principalmente a necesidades fiscales. “Básicamente, que el Gobierno capte con un impuesto de la gente”.
El ministro recordó que en 1997 se intentó cambiar esa lógica mediante el Decreto Supremo 24914, que introdujo un reglamento para la formación de precios de los derivados del petróleo. Entre 1997 y 2000, los precios subían y bajaban de acuerdo con referencias internacionales, lo que dio lugar a los llamados “mini gasolinazos”.
En julio de 2000, durante el cerco a la ciudad de La Paz, el Gobierno de entonces decidió estabilizar los precios, firmando un acuerdo con las petroleras y con la refinería, que ya estaba en manos de Petrobras, para mantenerlos constantes por un año. Tras el fin de ese acuerdo, en 2001 se intentó volver al régimen variable, pero la crisis política y social de 2003 y 2004, cuando el país cambió de presidente en varias ocasiones, volvió a frenar ese esquema.
La última referencia clave, recordó Medinaceli, se dio en 2004, cuando el precio de referencia del petróleo en Bolivia se estabilizó en 27,11 dólares por barril, manteniéndose los precios internos sin cambios hasta 2010. Ese año se intentó un fuerte ajuste que “duró cinco días” y fue revertido, gracias a que en ese entonces los altos ingresos por exportación de gas permitían sostener el subsidio.