A cien días de la gestión de Rodrigo Paz, el balance económico muestra que la eliminación de la subvención a los combustibles fue la medida de mayor impacto para la estabilización, pero también evidencia que continúan pendientes varias reformas estructurales necesarias para la reactivación productiva sobre todo en torno a normativas.
Al tercer trimestre de 2025, el PIB registró una contracción aproximada de -1,4%. Al mes de agosto, las reservas internacionales reportadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) se situaban en torno a $us 2.881 millones.
En noviembre, el saldo comercial acumulado era negativo en aproximadamente $us 472 millones, con importaciones superiores a las exportaciones. Para el cierre de gestión 2025, la inflación acumulada alcanzó el 20,40%, la segunda más alta de Sudamérica.
En el frente fiscal, el déficit se estimaba en alrededor del 12% del PIB, mientras que la deuda externa superaba los $us 13.500 millones. A ello se sumaba una deuda flotante cercana a Bs 6.646 millones registrada hacia fines de noviembre, correspondiente a obligaciones devengadas y no pagadas, que restringían el margen inicial de acción.
“A lo largo de los 100 días, el Gobierno nacional, a través del presidente y de su equipo de ministros del área económica, fundamentalmente, ha priorizado medidas orientadas a lograr la estabilidad, y una de esas medidas fue levantar la subvención a los hidrocarburos, que ha sido prácticamente histórica. No nos olvidemos de que fueron más de 20 años de subvención”, destacó el economista Rubén Arias.
Según el analista, la eliminación de la subvención a los combustibles redujo una de las mayores presiones sobre el gasto público y recordó también que el Gobierno recibió el país en una situación delicada de escasez de combustible y largas filas en surtidores, además de la cotización de un dólar paralelo muy alejada del tipo de cambio oficial.
El impacto fue inmediato en términos de señal externa y el riesgo país cayó de más de 2.242 puntos en abril a por debajo de los 500 hasta hace unos días, lo que reflejó una mejora en la percepción de sostenibilidad macroeconómica. Sin embargo, el traslado de costos elevó los precios internos, sobre todo en transporte y alimentos.
El Gobierno implementó el bono PEPE y diferimientos tributarios como mecanismos de contención, aunque Arias advierte que “la estabilización no significa todavía crecimiento”.
Estabilidad con límites
Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, el tipo de cambio del dólar se mantiene dentro de una banda menor a Bs 10. El BCB también reportó una leve recuperación de reservas que, a fin de diciembre, alcanzaron $us 3.713 millones, $us 832 millones más que las reportadas en agosto.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que la prioridad de estos primeros meses fue “recuperar la confianza y ordenar las cuentas públicas”; en ese marco, aseguró que el ajuste era la condición indispensable para cualquier reactivación posterior, aunque señaló que el paquete de medidas tributarias enviadas al Legislativo, entre ellas la eliminación del ITF y ajustes para ampliar el crédito fiscal, continúa pendiente de aprobación.
No obstante, estas no son las únicas normas estructurales que requieren el respaldo de la Asamblea Legislativa. También se encuentran en agenda nuevas leyes de Inversiones, de Hidrocarburos, de Minería, de Evaporíticos y Litio, así como una reforma laboral.
A las reformas pendientes se suman propuestas vinculadas a cielos abiertos y la reconfiguración de empresas públicas deficitarias, cuyo funcionamiento continúa generando presión sobre las finanzas públicas.
“Para hablar de cambios estructurales necesitamos la aprobación de leyes”, subrayó Arias y remarcó que hace falta cohesión entre los órganos Ejecutivo y Legislativo para lograr mayores avances.
En materia laboral, el ministro Edgar Morales anunció el inicio de la socialización de una reforma a la Ley General del Trabajo, vigente desde hace más de ocho décadas. El objetivo declarado es ampliar cobertura y facilitar la formalización sin vulnerar derechos adquiridos. No obstante, el proyecto aún no ha sido presentado formalmente en el Legislativo.
Sombras de la gestión
El primer trimestre también estuvo marcado por episodios que afectaron al Gobierno en un área particularmente sensible: hidrocarburos.
La controversia por la gasolina desestabilizada, que, según reportes sectoriales, afectó a miles de vehículos; las observaciones sobre contratos con presunto sobreprecio en la importación de crudo y diésel; y la renuncia de Margot Ayala a la dirección de la ANH generaron cuestionamientos en torno a los mecanismos de control de calidad y supervisión del sector.
Estos episodios coincidieron con el proceso de transición hacia un esquema sin subvención, en un mercado aún dependiente de importaciones y con alta sensibilidad en precios y abastecimiento.
Sin embargo, el Ejecutivo también destaca que la confianza externa en Bolivia mostró una mejora significativa con la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos, según el índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan, tras situarse por encima de 2.200 puntos a mediados de 2025 y ubicarse ahora alrededor de 470 puntos, lo que el Gobierno atribuye a la mayor certidumbre económica y al avance en ajustes macroeconómicos.