Contrario a lo que manifestaron la ministra de Justicia, Jessica Saravia y el procurador general del Estado, Ricardo Condori, el presidente Luis Arce manifestó este jueves no haber recibido la Notificación de Disputa que presentó la empresa petrolera Shell Bolivia Corporation (SBC), el 5 de agosto, por una serie de “medidas ilegales” que el Estado boliviano adoptó contra la operadora en el país.
“Tienen todo el derecho de hacer cualquier demanda, cualquier requerimiento los señores de Shell, yo esta mañana preguntaba, no hemos recibido ninguna notificación oficial al respecto, pero en caso de recibir, el gobierno nacional defenderá los intereses del Estado”, manifestó Arce en conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
La jornada del miércoles, la ministra de Justicia y el procurador del estado afirmaron, por separado, que la notificación llegó en la fecha indicada. La misiva está dirigida, en orden de jerarquía, al presidente Arce, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General del Estado.
“Hay una nota que sí se ha cursado al Estado boliviano con la intención de que se pueda (lograr) un proceso, primero de acuerdo para después, si es que no existe este, se puede iniciar un proceso de arbitraje de inversión”, dijo Saravia a los medios ayer.
Por su parte, Condori expresó: “Responderemos la nota de manera fundamentada a la empresa Shell bajo el paraguas de que el Estado boliviano es un Estado pacifista (…). Lo correcto es sentarnos en el diálogo, escucharlos y verificar qué derechos supuestamente se les habría vulnerado y en función de eso, si es correcto o no, se verificará en su momento”, afirmó.
De acuerdo con lo manifestado por el primer mandatario este jueves, el Estado boliviano responderá la solicitud de Shell mediante el diálogo. “Pero si la empresa opta por el camino legal, Bolivia tiene todo, también, para poder defenderse de cualquier requerimiento, arbitraje que pueda haber. Lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, porque hay varios arbitrajes que están ahí en curso, estamos defendiendo los intereses del Estado, lo vamos a continuar haciendo y por supuesto en este caso también”, puntualizó.
En la notificación de Shell se invoca el Convenio sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital suscrito entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la República de Bolivia, firmado en 1988. “La presente notificación da formalmente inicio al periodo de seis meses estipulado por el Artículo 8(2) del Tratado para que las Partes negociaren y realizaren consultas en aras de dirimir la disputa”, señala el documento.
La disputa, que podría alcanzar a “varios cientos de millones de dólares”, se refiere a seis medidas —que Shell considera ilegales— y que Bolivia adoptó de manera constante, según la notificación.