Después de Venezuela, Bolivia tiene el costo más alto en subsidios de combustibles con relación a su Producto Interno Bruto (PIB) en Latinoamérica, según reporte de Bloomberg publicado este miércoles.
Basado en datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF) y analistas, el sitio Bloomberg Línea confirmó que Venezuela es el país más presionado, con el equivalente al 6% de su PIB gastado en el subsidio a los combustibles. Le sigue Bolivia, con el 3,6% y Ecuador, con el 3%.
“Fuera de la factura fiscal, el subsidio a los combustibles constituye, además, un drenaje significativo de recursos en varios países de América Latina, especialmente en naciones andinas, que se podrían invertir en rubros sociales como la atención sanitaria, la salud o la infraestructura”, resalta Bloomberg.
El portal especializado en finanzas mencionó que la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador disparó los precios y desató protestas indígenas y bloqueos viales, reflejando la sensibilidad que pueden causar estos ajustes en una región como Latinoamérica que sigue siendo dependiente a estos auxilios.
En Venezuela, los subsidios a combustibles pueden equivaler hasta el 6% del PIB y reflejan “la incapacidad del Estado para sostener un crecimiento económico que permita a los hogares pagar precios internacionales”, dijo a Bloomberg Línea el especialista en asuntos venezolanos y académico de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez.
“Por otro lado, muestran la contradicción de mantener estímulos al consumo de energía contaminante, pese a la urgencia climática”, apuntó.
El caso de Bolivia
De acuerdo a los datos del IFF, en Bolivia, los subsidios a hidrocarburos como el diésel y la gasolina tienen un peso de hasta el 3,60% del PIB y representa una carga persistente, que coexiste con déficits fiscales estructurales y un deterioro sostenido de las reservas internacionales.
Así como en el resto de los países que subsidian parte de sus combustibles como Colombia, Argentina, Paraguay y Perú, los analistas citados por Bloomberg apuntan que el costo de mantener precios artificialmente bajos erosiona la capacidad fiscal para invertir en salud, educación, infraestructura o energías limpias. También fomenta un consumo excesivo de combustibles, incentiva el contrabando y agrava el déficit fiscal, que al ser financiado con emisión monetaria alimenta la inflación y crea nuevos pobres.
El IFF estima que los subsidios directos a los combustibles rondan el 0,15% del PIB en Perú, que utiliza un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) como colchón ante shocks externos.
“Si bien el contexto de precios internacionales relativamente bajos ha atenuado temporalmente el costo (de los subsidios), el riesgo estructural persiste. Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará con rapidez”, dijo el economista Jonathan Fortún, del IFF.
A su juicio, lo preocupante es que algunos gobiernos han preferido mantener estos subsidios, incluso durante períodos de precios internacionales bajos, lo que reduce el espacio para maniobras futuras.
Además, “el verdadero costo podría ser aún mayor si se incorporaran las dimensiones no contabilizadas directamente en el presupuesto, los llamados subsidios indirectos o implícitos”, agregó.
“Los mecanismos institucionales también varían y condicionan tanto la transparencia como la capacidad de ajuste. Países como Bolivia y Paraguay operan regímenes menos institucionalizados, donde los subsidios se ejecutan directamente desde el presupuesto o a través de empresas estatales, sin reglas explícitas de ajuste ni mecanismos automáticos de corrección. En estos esquemas, el subsidio termina siendo una cuenta opaca dentro del Estado”, afirmó Fortún.
Costo político
La nota de Bloomberg Línea da cuenta que el costo político de los ajustes a los combustibles es lo que ha postergado muchas reformas fiscales necesarias en Latinoamérica.
“En el pasado, las discusiones sobre ajustar los subsidios han generado malestar entre los sectores más pobres, que dependen del transporte público y destinan gran parte de sus ingresos a alimentos, ya que la volatilidad abre espacio para un aumento y la especulación de los precios de productos básicos”, dice parte del reporte.
Esto, sumado al efecto en los ingresos fiscales, ha llevado a varios países de la región a promover fondos de estabilización petrolera o de precios de los combustibles (como Chile, Colombia o Perú), o mecanismos de control, bandas o compensaciones, que permitan atenuar los efectos de esta volatilidad.
“No obstante, los mecanismos de sostenibilidad de estos esquemas son débiles, dependientes del presupuesto público o de normativa de difícil adaptación en periodos de declive del ciclo”, dijo José Gabriel Castillo, profesor, investigador y exviceministro de Economía de Ecuador.